El ambicioso plan de infraestructura y movilidad priorizado por el Gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta una ejecución desigual, con solo uno de sus 13 proyectos reportado como concluido, cinco con avances físicos y otros siete afectados por suspensiones, falta de estudios, licitaciones pendientes o condicionantes externos. El diagnóstico corresponde al informe de julio de la Comisión de Infraestructura del plan Guatemala No Se Detiene, que advierte que buena parte de las obras difícilmente estará terminada entre 2027 y 2028.
La única obra físicamente concluida es el distribuidor vial de la calzada Roosevelt y 9a. avenida de la zona 11, con una inversión cercana a Q48 millones, aunque todavía no está abierto al tránsito mientras se completan trabajos complementarios y el proceso administrativo de recepción. Entre las cinco obras en ejecución aparecen dos distribuidores de la CA-9 Sur en Amatitlán, con avances de 23.88% y 16.08%, además de tres tramos del Anillo Regional C-50. El tramo 8, entre Escuintla y Guanagazapa, es el más avanzado con 61.98%, mientras los tramos 1 y 6 registran apenas 5.14% y 10.75%, respectivamente.
Más delicada es la situación de los proyectos suspendidos. Los distribuidores de Ciudad Satélite y Santa Elena Barillas necesitan nuevos estudios y diseños para poder reactivarse, mientras el Puente Belice II presenta apenas 15.23% de avance y una deuda pendiente de Q127.7 millones. El Ministerio de Comunicaciones ha anunciado que retomará su construcción durante agosto, después de replantear el diseño de una obra considerada estratégica para mejorar el ingreso y salida de la capital.
Otros proyectos permanecen todavía lejos de entrar en una fase de construcción. El MetroRiel, con una inversión estimada de US$930 millones, depende de la estructuración técnica y financiera vinculada con la cooperación del Reino Unido y tiene previsto comenzar en 2027. El tramo 3 del Anillo C-50, entre Jalapa y Mataquescuintla, continúa pendiente de licitación y su plazo de construcción llevaría la conclusión hasta 2030, mientras otros tres tramos de esa circunvalación todavía carecen de estudios avanzados de ingeniería y fechas definidas para ser licitados.
El informe evidencia así un problema que supera a una administración concreta. Varias de las obras fueron contratadas o diseñadas durante gobiernos anteriores, mientras otras forman parte de una estrategia metropolitana presentada por el Ejecutivo apenas en julio y concebida con un horizonte de hasta 20 años. El reto para el actual Gobierno no consiste únicamente en anunciar nuevos corredores, puentes y sistemas de transporte, sino en resolver expedientes heredados, completar estudios y garantizar continuidad financiera y contractual para evitar que los proyectos vuelvan a quedar detenidos con cada cambio de administración.
La magnitud económica aumenta la presión por convertir la planificación en obras. Para nueve proyectos sobre los que existe información financiera suficiente, el informe calcula inversiones cercanas a US$2 mil 945.8 millones y anticipa que la mayoría no estará concluida en 2027 o 2028. El Ejecutivo sostiene que continúa evaluando los proyectos pendientes y coordinando el financiamiento de iniciativas como MetroRiel, pero el balance actual deja una advertencia clara: Guatemala ya dispone de una cartera de infraestructura estratégica; el desafío pendiente sigue siendo transformar los planes, estudios y convenios en kilómetros, puentes y sistemas de transporte efectivamente terminados y en servicio.

