Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia para el período 2026-2030 con un discurso que marcó una ruptura política con los cuatro años de gobierno de Gustavo Petro y colocó la recuperación de la seguridad, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la lucha contra el narcotráfico entre las prioridades de su administración. El abogado y empresario llega por primera vez a un cargo público después de una campaña construida alrededor de un mensaje conservador de orden, reducción del Estado y recuperación del control territorial.
La ceremonia celebrada en Cali reunió a una amplia representación internacional. Guatemala estuvo representada por la vicepresidenta Karin Herrera, quien encabezó la delegación especial designada por el presidente Bernardo Arévalo para participar en la transmisión de mando. Junto a la representación guatemalteca acudieron jefes de Estado, vicepresidentes, cancilleres y otros altos dignatarios, en una investidura que sirvió también para mostrar los nuevos acercamientos regionales que buscará Colombia durante los próximos cuatro años.
De la Espriella reservó uno de los mensajes más contundentes para la seguridad al ordenar combatir a todas las estructuras criminales y considerar agotada la vía del diálogo con los grupos armados. Su propuesta contra el narcotráfico incorporó, sin embargo, un componente agrícola para sustituir los cultivos de coca por economías legales, resumido en su promesa de que la coca dará paso al coco, el cacao y el café. El nuevo mandatario anunció además que convertirá el programa Cosecha Solidaria en política de Estado y proyectará la Orinoquía como una gran despensa agrícola, con la intención declarada de elevar los ingresos y oportunidades de los campesinos.
La estrategia supone un giro frente a la política de “Paz Total” impulsada por Petro, que apostó por negociaciones simultáneas con diferentes organizaciones armadas y obtuvo resultados desiguales. El reto para el nuevo gobierno será demostrar que la combinación de presión militar, erradicación y sustitución productiva puede reducir efectivamente las economías de la coca, un problema que durante años ha persistido precisamente en territorios donde la presencia estatal, las carreteras, el crédito y los mercados legales continúan siendo insuficientes. Colombia llegó a registrar 253 mil hectáreas de cultivos de coca en 2023, una dimensión que evidencia la dificultad de transformar esas economías únicamente mediante operaciones de erradicación.
El cambio de mando estuvo marcado también por una transición especialmente tensa. Petro no asistió a la ceremonia después de haber cuestionado públicamente la victoria de su sucesor, mientras De la Espriella aprovechó su primer discurso para anunciar otras decisiones de fuerte contraste con la administración saliente, entre ellas congelar el gasto público, habilitar el fracking, fortalecer Ecopetrol y ampliar las reservas de petróleo y gas, al tiempo que prometió preservar los programas destinados a la población más vulnerable.
El giro político de Colombia es evidente, pero su alcance comenzará a medirse en los territorios donde el Estado históricamente ha tenido mayores dificultades para imponerse. Sustituir coca por cacao, café o coco exige seguridad, pero también carreteras, financiación, asistencia técnica y compradores capaces de hacer rentable la producción legal. Ese equilibrio entre autoridad y desarrollo rural será una de las primeras pruebas para determinar si el cambio anunciado por De la Espriella puede convertirse en una transformación sostenible o queda reducido a la contundencia de su discurso inaugural.

