El Gobierno de Estados Unidos evalúa imponer una tasa de hasta USD 100.000 a los estudiantes extranjeros que decidan permanecer en el país para trabajar tras graduarse mediante el programa de Capacitación Práctica Opcional (OPT). La propuesta, que aún se encuentra en análisis dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), forma parte del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump y contempla que el pago pueda recaer sobre los graduados extranjeros o sobre las empresas que decidan contratarlos.
La iniciativa, revelada por The Wall Street Journal, modificaría el funcionamiento del programa Optional Practical Training (OPT), que actualmente permite a los estudiantes con visa F-1 trabajar temporalmente en Estados Unidos una vez concluyen sus estudios. Aunque el Gobierno aún no ha oficializado la medida, el análisis se desarrolla como parte de una revisión más amplia de los mecanismos que permiten a estudiantes internacionales incorporarse al mercado laboral estadounidense.
El plan se suma a otras acciones impulsadas por la Casa Blanca para restringir las vías de permanencia de ciudadanos extranjeros. En las últimas semanas, la administración Trump anunció un límite de cuatro años para determinadas visas de estudiantes internacionales y endureció diversos requisitos migratorios para quienes buscan permanecer en el país una vez finalizan su formación académica.
Universidades y representantes del sector empresarial han expresado preocupación por el posible impacto de la propuesta. Instituciones educativas advierten que un cobro de esa magnitud podría desincentivar la llegada de estudiantes extranjeros, quienes aportan miles de millones de dólares anualmente a la economía estadounidense mediante el pago de matrículas, alojamiento y consumo. Las empresas, por su parte, consideran que una restricción adicional dificultaría la contratación de profesionales altamente calificados en sectores como tecnología, ingeniería, ciencias y salud.
Especialistas en inmigración sostienen que la medida responde al objetivo de reducir las opciones para que estudiantes internacionales permanezcan en Estados Unidos tras graduarse. Sin embargo, también advierten que un cambio de esta naturaleza podría afectar la competitividad de las universidades estadounidenses frente a otros destinos como Canadá, Reino Unido y Australia, que mantienen políticas orientadas a atraer y retener talento extranjero.
Aunque la iniciativa todavía no ha sido presentada oficialmente ni ha iniciado el proceso regulatorio correspondiente, refleja la intención de la administración Trump de seguir endureciendo la política migratoria. El debate se produce en un contexto en el que la inmigración continúa siendo uno de los principales ejes de la agenda política estadounidense, a pocos meses de las elecciones legislativas de medio término previstas para noviembre.