La vivienda de una jueza fue incendiada por pobladores en Santa María Nebaj, Quiché, luego de un operativo judicial que culminó con el desalojo de Juana Santiago Chel, una mujer de 77 años, un hecho que provocó indignación en la comunidad, protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Las autoridades condenaron los actos de violencia y anunciaron investigaciones para identificar a los responsables.
La jornada cambió de manera abrupta cuando fuerzas de seguridad ejecutaron una orden judicial de desalojo en la vivienda de la adulta mayor, quien, según vecinos, habitaba el inmueble desde hacía varias décadas. La orden fue promovida por su propio hijo, Pedro Santiago López, en medio de una disputa familiar por la propiedad. La diligencia estuvo marcada por escenas que generaron un amplio rechazo social: videos y transmisiones en vivo difundidos por medios locales muestran a agentes retirando a la mujer entre empujones, mientras sus pertenencias eran sacadas y dejadas en la vía pública.
Las imágenes también muestran cómo la hija de la adulta mayor fue cargada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tras oponerse al procedimiento. La actuación de las fuerzas de seguridad desató acusaciones de uso excesivo de la fuerza y presuntas violaciones a los derechos humanos, mientras organizaciones comunitarias exigieron una investigación sobre el operativo.
La reacción fue inmediata. Decenas de vecinos y representantes comunitarios se concentraron frente a la sede judicial de Nebaj para exigir la restitución de la vivienda a Juana Santiago Chel y la suspensión del proceso. Sin embargo, al no obtener respuesta de las autoridades, la tensión aumentó durante el transcurso del día.
Al caer la noche, un grupo de manifestantes se dirigió a la residencia de la Jueza Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj, responsable de firmar la orden de desalojo. Entre consignas contra el sistema de justicia y reclamos por la actuación policial, los inconformes irrumpieron en la propiedad, la rociaron con combustible y le prendieron fuego, provocando severos daños materiales. No se reportaron personas heridas durante el incendio.
El Organismo Judicial condenó el ataque contra la funcionaria y recordó que las resoluciones judiciales deben impugnarse por las vías legales y no mediante actos de violencia. El caso volvió a poner sobre la mesa las tensiones que generan los conflictos por la propiedad de la tierra y las disputas familiares en comunidades del interior del país, donde procedimientos judiciales como este suelen desencadenar fuertes reacciones sociales.