El Congreso de la República aprobó de urgencia nacional una prórroga para el pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos, extendiendo el plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 y evitando que los contribuyentes que regularicen su situación dentro de ese período deban asumir multas, intereses o recargos por mora. La medida fue respaldada por 130 diputados y quedó contenida en el Decreto 19-2026, con el propósito de aliviar la carga económica de miles de propietarios de vehículos.
La decisión modifica el calendario tributario, cuyo vencimiento estaba previsto para el 31 de julio, fecha a partir de la cual la legislación vigente contemplaba sanciones económicas para quienes incumplieran con esta obligación. Con la aprobación de la prórroga, los contribuyentes dispondrán de cinco meses adicionales para efectuar el pago sin enfrentar penalizaciones.
La ampliación responde al hecho de que una parte importante de los propietarios de vehículos aún no había cancelado el impuesto cuando el Congreso discutió la iniciativa. Los promotores de la reforma argumentaron que el incremento en el costo de vida y el impacto del alza de los combustibles limitaron la capacidad de muchas familias para cumplir con esta obligación tributaria dentro del período ordinario.
La prórroga se aprueba en un contexto en el que Guatemala registra 6,782,358 vehículos activos, según cifras oficiales. Del total, 3,480,028 corresponden a motocicletas, 2,870,374 a vehículos particulares y 431,956 a vehículos comerciales. Asimismo, la meta de recaudación del Impuesto sobre Circulación de Vehículos (ISCV) para 2026 asciende a Q1,495.13 millones, de los cuales hasta el 28 de julio se habían recaudado Q1,125.47 millones, equivalente al 75.28 % del objetivo, lo que evidencia que aún quedaba un porcentaje significativo de contribuyentes pendiente de realizar el pago.
Aunque la medida representa un alivio para miles de propietarios, también reabre el debate sobre el impacto de las prórrogas tributarias en las finanzas públicas. El reto para las autoridades será incentivar el cumplimiento del pago durante el nuevo plazo, garantizando al mismo tiempo que el Estado alcance la meta de recaudación prevista para este año y disponga de los recursos necesarios para financiar los servicios públicos y los proyectos de inversión.