El bloque Cabal presentó este martes una iniciativa de ley para sustituir el esquema tradicional de subsidio a los combustibles por un mecanismo de apoyo directo al consumidor, mediante una plataforma digital que registre las compras de gasolina y diésel y reintegre el beneficio de forma individual. La propuesta surge en un momento de incertidumbre política, luego de que el presidente Bernardo Arévalo no lograra consolidar el respaldo legislativo a la iniciativa del Ejecutivo tras reunirse con la Junta Directiva del Congreso y representantes de 17 bloques legislativos, encuentro que concluyó sin los consensos necesarios para garantizar su aprobación.
La iniciativa, impulsada por el jefe de bancada Luis Aguirre, plantea que el subsidio deje de trasladarse a través de importadores y distribuidores y llegue directamente al consumidor. Para ello propone la creación de una plataforma en la que los usuarios se registren con su Documento Personal de Identificación (DPI), licencia de conducir y datos del vehículo. El beneficio sería acreditado mediante una billetera electrónica o mensajes SMS, con límites de consumo diferenciados según el tipo de vehículo y una vigencia temporal del programa.
El planteamiento contrasta con la propuesta del Ejecutivo, que mantiene el modelo aplicado en ocasiones anteriores y contempla un apoyo de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular, utilizando una estructura administrativa ya existente para agilizar su implementación. Sin embargo, la falta de consensos tras la reunión entre el presidente Bernardo Arévalo y los representantes de 17 bloques legislativos abrió la puerta para que distintas bancadas comenzaran a posicionar sus propias alternativas. En ese escenario de debilidad del oficialismo, la iniciativa de Cabal, impulsada por Luis Aguirre, también coloca al partido en una posición para capitalizar el desgaste del Gobierno y reforzar su perfil como una alternativa de cara al proceso electoral de 2027, en un momento en que las distintas fuerzas políticas comienzan a marcar diferencias frente a uno de los temas que más preocupa a la población.
Pero la principal interrogante que plantea la iniciativa es si podría implementarse con la rapidez que exige el contexto actual. Aunque el legislador sostiene que el esquema garantizaría que los recursos lleguen exclusivamente al consumidor final, su implementación exigiría crear desde cero una plataforma tecnológica, registrar a los beneficiarios, integrar a las estaciones de servicio, emitir la reglamentación necesaria y establecer mecanismos de control y fiscalización. Todo ese proceso tomaría tiempo, precisamente cuando el aumento en los combustibles demanda respuestas de corto plazo. La principal debilidad de la propuesta, por tanto, no parece estar en su objetivo, sino en la posibilidad de ejecutarla con la rapidez que exige la coyuntura.
La iniciativa comenzará ahora su trámite en el Congreso, donde deberá competir con la propuesta impulsada por el Ejecutivo y con otras alternativas que han surgido en medio del debate. Mientras el oficialismo intenta reunir los votos necesarios para aprobar una medida de aplicación inmediata, la discusión legislativa también definirá qué modelo de subsidio resulta más viable para atender el incremento en los precios de los combustibles sin retrasar el alivio que demandan los consumidores.