El Gobierno de Guatemala elevó el tono diplomático frente a Nicaragua al rechazar oficialmente las declaraciones del presidente Daniel Ortega, quien anunció que en su país dejarán de celebrarse elecciones. La respuesta de Managua no tardó en llegar: la Cancillería nicaragüense defendió el derecho del Estado a definir su sistema político y exhortó a Guatemala a respetar el principio de no injerencia, evocando incluso los Acuerdos de Esquipulas como referencia histórica para la paz regional.
La postura guatemalteca fue expresada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que calificó las afirmaciones de Ortega como una grave vulneración de los principios democráticos reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según el Gobierno, eliminar los procesos electorales suprime la posibilidad de alternancia en el poder, restringe los derechos políticos de la ciudadanía y debilita el Estado de derecho, la separación de poderes y el pluralismo político.
En su pronunciamiento, Guatemala también expresó solidaridad con el pueblo nicaragüense y pidió el respeto de las libertades de expresión, asociación y participación política como condiciones indispensables para garantizar elecciones periódicas, libres y justas.
El pronunciamiento surgió después de que Daniel Ortega afirmara, durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que “en Nicaragua no volverá a haber elecciones”, al sostener que no permitirá que la oposición alcance nuevamente el poder mediante procesos electorales. Paralelamente, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, inició el proceso para preparar reformas constitucionales y legales orientadas a respaldar esa decisión.
Horas después, la Cancillería nicaragüense respondió mediante una nota oficial en la que rechazó las críticas guatemaltecas y sostuvo que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, una frase con la que reivindicó el principio de soberanía nacional frente a los cuestionamientos externos. En el documento recordó los Acuerdos de Esquipulas de 1987, que marcaron el proceso de pacificación centroamericano, y afirmó que los pueblos de la región tienen derecho a vivir en paz y definir su propio rumbo político sin interferencias.
El Gobierno de Ortega también señaló que existen voces que, a su juicio, contradicen sus propios principios democráticos, aunque evitó responder directamente a los cuestionamientos formulados por Guatemala sobre la supresión de la alternancia política y la eliminación de los procesos electorales.
La tensión diplomática se produce en un contexto de creciente aislamiento internacional para el Gobierno nicaragüense. Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también han expresado preocupación por el anuncio de Ortega, al considerar que representa un nuevo deterioro de las garantías democráticas y de los derechos políticos en Nicaragua.
El intercambio entre Guatemala y Nicaragua refleja un nuevo episodio de fricción regional en torno al futuro democrático del país vecino. Mientras Guatemala sostiene que la eliminación de las elecciones vulnera compromisos internacionales libremente asumidos por Nicaragua, Managua insiste en que cualquier pronunciamiento externo constituye una intromisión en asuntos internos y reivindica su facultad de definir su propio modelo político.