La aprobación de la Ley del Sistema Portuario Nacional continúa estancada en el Congreso, donde los jefes de bloque buscarán alcanzar un acuerdo político que permita llevar nuevamente la iniciativa al pleno. Aunque las negociaciones han avanzado, las diferencias sobre la integración del órgano que administrará el sistema portuario siguen impidiendo reunir los votos necesarios para concluir el proceso legislativo.
El principal desacuerdo radica en la conformación del órgano de dirección. El dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía propone que esté integrado por los ministros de Comunicaciones, Economía y Gobernación, además de un representante del Consejo de Usuarios del Sistema Portuario y otro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Sin embargo, esa integración no convence a todas las bancadas. Mientras algunos diputados impulsan la incorporación de un representante del Congreso dentro del órgano de gobernanza, otros consideran que debe excluirse al Consejo de Usuarios del Sistema Portuario. La falta de consenso ha impedido que la iniciativa regrese al hemiciclo para completar su aprobación.
Entre las bancadas que mantienen objeciones figura Cabal, que rechaza la integración propuesta en el dictamen, mientras que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) respalda la inclusión de un delegado del Congreso. Aunque ninguna de las dos fuerzas políticas cuenta con mayoría, su respaldo será determinante para alcanzar los votos necesarios.
Con el propósito de destrabar la discusión, para el próximo lunes al mediodía está prevista una reunión entre la Instancia de Jefes de Bloque y los integrantes de la Comisión de Economía, en la que se buscará definir si existen las condiciones políticas para convocar una nueva sesión extraordinaria y concluir el trámite legislativo. La iniciativa únicamente está pendiente de la aprobación por artículos y de su redacción final.
La nueva legislación busca modernizar el sistema portuario nacional mediante estándares de control, supervisión y operación que fortalezcan la competitividad, la transparencia y la seguridad de los puertos guatemaltecos. El proyecto desarrolla la Ley de la Autoridad Portuaria Nacional, aprobada en 2024, la cual obligó al Ejecutivo a presentar una normativa específica para regular el funcionamiento del sistema portuario.
Las sesiones extraordinarias convocadas para el 28 y 29 de julio serán decisivas para determinar si el Congreso logra superar las diferencias y avanzar con la Ley del Sistema Portuario Nacional o si el proyecto continuará estancado pese a ser considerado una de las principales reformas económicas impulsadas durante la actual legislatura.