El Gobierno de Bernardo Arévalo cerró las mesas de diálogo técnico del ejercicio de Planificación y Presupuesto Abierto 2027 con la recepción de 46 propuestas ciudadanas, que ahora deberán superar evaluaciones técnicas, legales y financieras antes de conocerse cuáles serán incorporadas a los planes institucionales y al proyecto presupuestario del próximo año. El cierre del proceso participativo abre así una etapa decisiva para el Ejecutivo, que deberá demostrar si la consulta tiene capacidad de modificar las prioridades del gasto o si se limita a recoger planteamientos sin incidencia suficiente en las decisiones finales.
De las 46 propuestas recibidas, 36 surgieron de agendas territoriales, mientras las restantes fueron presentadas durante dos jornadas de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil y representantes de instituciones públicas. Los planteamientos abarcan sectores como agricultura, empleo, seguridad y salud pública, áreas donde el Gobierno enfrenta demandas acumuladas y en las que la disponibilidad presupuestaria deberá confrontarse con su capacidad real de ejecución.
El proceso se desarrolla en tres fases. La primera comprendió actividades de formación ciudadana, espacios de diálogo y recepción de propuestas; la segunda, que se extenderá hasta el 15 de julio, evaluará la viabilidad técnica, legal y financiera de las iniciativas; mientras la tercera deberá presentar públicamente los resultados en septiembre. Será entonces cuando el Ejecutivo tendrá que explicar cuáles planteamientos fueron aceptados, rechazados o incorporados parcialmente y, especialmente, bajo qué criterios se tomaron esas decisiones.
El ejercicio llega a su undécima edición y es el tercer año consecutivo en que el Ministerio de Finanzas Públicas y Segeplan desarrollan conjuntamente el proceso. La continuidad institucional, sin embargo, no resuelve uno de los problemas centrales de estos mecanismos: la dificultad para seguir el recorrido de las propuestas desde la mesa de diálogo hasta su eventual asignación de recursos y ejecución, un punto que las propias autoridades han reconocido como un área pendiente de fortalecimiento.
La administración Arévalo ha colocado la participación ciudadana y la transparencia entre los ejes de su discurso político, por lo que el Presupuesto Abierto constituye también una prueba de coherencia para su gestión. Recibir propuestas representa apenas el inicio del proceso, mientras la rendición de cuentas exige explicar qué planteamientos fueron descartados, cuáles recibieron recursos y qué resultados concretos produjeron aquellos que finalmente llegaron a ejecutarse.
La discusión adquiere mayor importancia ante las limitaciones que el Ejecutivo ha mostrado para transformar asignaciones presupuestarias en resultados visibles en distintas áreas de la administración pública. Un presupuesto mayor o un proceso participativo más amplio no garantizan por sí mismos mejores servicios, especialmente si persisten dificultades en planificación, contratación y ejecución del gasto.
La prueba para el Gobierno no estará en contabilizar 46 propuestas, sino en demostrar cuántas influyeron realmente en el Presupuesto 2027 y qué capacidad tendrá para ejecutarlas. La presentación de resultados prevista para septiembre permitirá una primera evaluación del proceso, pero la fiscalización deberá continuar durante el próximo ejercicio fiscal, cuando las promesas de participación puedan contrastarse con asignaciones, ejecución presupuestaria y resultados verificables.