La continuidad de Walter Mazariegos al frente de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha encendido nuevas alertas ante la próxima elección del presidente de la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas, prevista para el 15 de julio. Un grupo de seis rectores estaría promoviendo al rector de la USAC para dirigir la postuladora, mientras organizaciones que vigilan estos procesos advierten que la persona elegida debe garantizar independencia, transparencia y confianza pública, en un momento en que Mazariegos mantiene cuestionamientos sobre la legalidad de su continuidad y carece de finiquito.
La elección estará en manos del Foro de Rectores, que necesita un mínimo de nueve asistentes para alcanzar el quórum y escogerá al presidente con el voto favorable de la mitad más uno de los presentes. Mazariegos no solo puede aspirar al cargo por su condición de rector, sino que también dispone de voto dentro del foro que deberá decidir la elección, una doble condición que aumenta las preocupaciones sobre su capacidad de influencia en un proceso considerado estratégico para el control institucional y político del país.
El presidente de la postuladora tendrá entre sus funciones convocar las sesiones, conducir el trabajo de la comisión, facilitar una sede si así lo decide la mayoría y ejercer la vocería de sus resoluciones. El objetivo final de los 27 integrantes será elaborar una nómina de seis candidatos, de la cual el Congreso elegirá al próximo jefe de la Contraloría General de Cuentas para un periodo de cuatro años a partir del 13 de octubre.
La preocupación adquiere mayor peso por la función que desempeña la Contraloría en vísperas de las elecciones generales de 2027. La institución es responsable de emitir la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como finiquito, documento que suele ser indispensable para quienes buscan participar en una contienda electoral. Organizaciones y analistas advierten que las decisiones de la CGC pueden tener consecuencias directas sobre candidaturas políticas, lo que convierte la elección del próximo contralor en uno de los procesos de segundo grado más sensibles del año.
La situación de Mazariegos introduce una contradicción difícil de ignorar. El rector no tenía finiquito cuando buscó su continuidad en la Usac, tampoco lo presentó cuando tomó posesión el 1 de julio y, según datos de la propia Contraloría continúa sin obtenerlo. Abogados han cuestionado además la defensa jurídica de la universidad, que sostiene que ese documento no es requisito para ocupar la Rectoría, argumentando que la Ley de Probidad también alcanza a las autoridades de instituciones autónomas que administran fondos públicos.
Alianza por las Reformas considera que la permanencia de Mazariegos ensombrece la futura decisión del Foro de Rectores y aumenta su capacidad para influir tanto en la integración como en la conducción de la comisión. Guatemala Visible, sin pronunciarse sobre una candidatura específica, ha pedido que la presidencia recaiga en una persona capaz de garantizar imparcialidad, honestidad, transparencia y legitimidad, recordando que la conducción de la postuladora debe fortalecer la confianza pública y no profundizar las dudas sobre la independencia del proceso.
El nuevo frente institucional se abre mientras Mazariegos continúa rodeado de controversias en la Usac. Su continuidad para el periodo 2026-2030 sigue siendo cuestionada por sectores universitarios, mientras el debate sobre la falta de finiquito permanece abierto y el Gobierno anunció la verificación de la legalidad de las armas portadas por integrantes de la seguridad universitaria durante los incidentes relacionados con su investidura. La posibilidad de que un rector bajo múltiples cuestionamientos termine dirigiendo el proceso que definirá la nómina para una de las instituciones de control más importantes del Estado eleva la crisis de la USAC a una dimensión nacional, con efectos potenciales sobre la fiscalización pública y el escenario electoral de 2027.