La política guatemalteca comienza a adquirir el inconfundible aroma de las vísperas electorales. Aunque 2027 todavía no ha llegado, algunos dirigentes caminan ya con el oído puesto en la campaña y la mirada atenta a cualquier espacio que pueda quedar libre. Entre ellos, Samuel Pérez y Luis Aguirre han desarrollado una relación difícil de definir como alianza, pero demasiado recurrente para despacharla como una casualidad: se acercaron, coincidieron, negociaron y aparecieron juntos; después llegaron las críticas y, finalmente, un distanciamiento público que comenzó a tomar forma justo cuando la separación podía ofrecer ventajas políticas a los dos.
Una ruptura demasiado conveniente para cerrar las preguntas
No existen elementos para afirmar que Pérez y Aguirre mantienen una alianza electoral ni que exista un acuerdo secreto entre ellos, pero tampoco resulta convincente aceptar que una declaración pública pueda borrar su historia política reciente. El Congreso funciona mediante acuerdos frágiles y mayorías que nacen para una votación y desaparecen en la siguiente, dentro de esa dinámica de “alianzas de cartón” en la que los adversarios de hoy pueden necesitarse mañana sin experimentar por ello ninguna crisis de conciencia.
La secuencia entre ambos resulta, cuando menos, sugestiva. Aguirre acompañó al oficialismo en momentos importantes durante el primer año de la legislatura, incluida la aprobación del presupuesto para 2025, cuando Pérez todavía era uno de los principales conductores de la estrategia parlamentaria de Semilla. Hubo reuniones, fotografías y coincidencias, pero en enero Aguirre arremetió contra Pérez, le reprochó la falta de resultados y cuestionó su actitud política. Cuatro meses después, durante la presentación del proyecto que impulsa, Pérez respondió tajantemente al ser interrogado sobre una eventual relación de Aguirre con Raíces: “Ninguno, absolutamente”.
La ruptura puede ser auténtica y, al mismo tiempo, extraordinariamente funcional. Aguirre necesita desprenderse de la imagen de socio ocasional de un oficialismo al que Cabal proporcionó votos decisivos, mientras Pérez debe presentar a Raíces como una fuerza independiente, alejada tanto del desgaste gubernamental como de interlocutores que puedan incomodar su relato de renovación. La distancia les resuelve problemas diferentes: Aguirre puede endurecer su perfil opositor y Pérez puede presentar su emancipación política sin compañías incómodas en la fotografía.
Sin embargo, la limpieza de ese relato encuentra dificultades en la propia dinámica parlamentaria. Las diferencias públicas no han impedido negociar cuando aparecen intereses coincidentes y Pérez ha reconocido conversaciones para conseguir los votos del grupo de Aguirre en la construcción de mayorías legislativas. Esto no demuestra una alianza permanente ni desmiente que sus diferencias puedan ser reales, pero confirma algo más elemental: no hace falta caminar juntos para encontrarse cuando los números obligan a cruzar el mismo puente.
La accidentada discusión de la Ley Antilavado volvió a exhibir ese paisaje de intereses cruzados, acusaciones y negociaciones. Pérez profundizó su distancia respecto del Ejecutivo, mientras Aguirre ocupaba nuevamente el espacio que mejor conoce, el de una bancada cuyos votos pueden inclinar determinadas decisiones. Uno necesita demostrar que Raíces es algo más que una escisión del oficialismo; el otro intenta convertir el peso coyuntural de Cabal en una dimensión política nacional que todavía está por demostrar.
Pérez y el incómodo oficio de escapar de su propia historia
Samuel Pérez arrastra una contradicción que difícilmente desaparecerá con el nacimiento de Raíces. Antes de comenzar a presentarse como una voz crítica frente al Gobierno fue uno de los principales rostros de su estrategia parlamentaria y una figura central del movimiento que llevó a Bernardo Arévalo a la Presidencia. No contempló desde lejos las dificultades del oficialismo, sino que participó directamente en la conducción de su relación con el Congreso, por lo que su actual transformación en fiscal de las insuficiencias gubernamentales exige algo más que una narrativa de emancipación.
Metroriel, movilidad urbana, la crisis de la USAC, acciones judiciales y la Ley Antilavado le han servido para proyectar una identidad propia y cada vez más distante del Ejecutivo. El problema es que esa nueva actitud deja una pregunta difícil de evitar: si Pérez conocía las respuestas cuando tenía mayor influencia dentro del oficialismo, debe explicar por qué no consiguió convertirlas en resultados; y si las descubrió después, resulta inevitable observar que el despertar coincide oportunamente con la construcción de su nuevo proyecto político.
No se trata de negarle el derecho a cambiar de posición, sino de recordar que una nueva organización política no concede automáticamente una nueva biografía. Los cuestionamientos sobre su estilo de conducción, las controversias que han acompañado su trayectoria y los episodios personales divulgados públicamente no constituyen por sí mismos un veredicto sobre su capacidad, pero obligan a examinar la distancia entre la imagen de renovación y determinadas actuaciones. Cambiar de siglas puede tomar unos meses; abandonar los reflejos adquiridos alrededor del poder suele ser una empresa bastante más lenta.
Pérez necesita distanciarse de Arévalo para construir Raíces, pero procura hacerlo sin cargar completamente con la responsabilidad por aquello que ocurrió mientras él mismo ocupaba una posición central dentro del oficialismo. La operación puede resultar electoralmente comprensible, aunque tiene algo de excesivamente cómodo: conservar para sí las virtudes de la historia compartida mientras los errores son depositados, cuidadosamente embalados, en la puerta de quienes permanecieron en el Gobierno.
Aguirre: cuando la estridencia pretende parecer autoridad
La transición hacia Luis Aguirre resulta casi natural porque, mientras Pérez intenta escapar de su pasado como dirigente oficialista, el líder de Cabal busca escapar de otra imagen: la del político cuyo peso depende, en buena medida, de la necesidad ajena de conseguir votos. Su bancada puede resultar determinante cuando el Congreso intenta formar mayorías, posición que le ha permitido negociar con el oficialismo en determinadas ocasiones y caminar con la oposición cuando los intereses tomaron otra dirección. Esa habilidad es políticamente relevante, aunque conocer el precio de cada movimiento en el tablero no significa necesariamente estar preparado para gobernar el país donde está colocada la mesa.
En los últimos meses, Aguirre parece decidido a transformar esa influencia parlamentaria en un personaje político de mayor tamaño. Su ofensiva alrededor de la adjudicación vinculada al 5G y otras actuaciones de fiscalización muestran una estrategia de confrontación con el Ejecutivo que puede ser legítima cuando se sostiene sobre hechos y argumentos, pero que pierde seriedad cuando la escenificación comienza a desplazar a la política y el gesto pretende ocupar el lugar de las ideas.
El episodio en el que difundió en sus propias redes un video que resaltaba insultos y descalificaciones lanzados durante una fiscalización resulta particularmente revelador. No porque el lenguaje áspero constituya una novedad en el Congreso, institución que ha sobrevivido a expresiones bastante peores, sino porque la vulgaridad fue presentada como mérito, editada y difundida como si humillar al interlocutor fuera una demostración de autoridad y no, quizá, la confesión involuntaria de sus límites.
Aguirre cultiva cada vez más la imagen del hombre fuerte que llega a poner orden, aunque la autoridad política difícilmente aumenta con el volumen de la voz o la cantidad de improperios que caben en un video para redes sociales. Tampoco puede construirse únicamente desde una bancada bisagra que cambia de compañeros según la votación. Las relaciones, cercanías y entornos que han acompañado el ascenso de cualquier dirigente con aspiraciones mayores merecen, además, el mismo escrutinio que este exige al Gobierno, porque quien entra en escena con la vara del fiscal debe aceptar que alguien pregunte primero por la madera con la que fue fabricada.
Dos aspirantes frente al espejo de 2027
Es allí donde las trayectorias de Pérez y Aguirre vuelven a encontrarse, aunque ambos tengan ahora buenas razones para enfatizar sus diferencias. No representan el mismo proyecto y no existe evidencia para afirmar que caminarán juntos hacia 2027, pero comparten una capacidad cada vez más visible para identificar el valor político de una crisis. Pérez utiliza la confrontación para construir distancia respecto de Arévalo y proporcionar identidad a Raíces; Aguirre aprovecha su posición parlamentaria y un tono crecientemente severo para presentarse como contrapeso del Gobierno.
Incluso su distanciamiento actual puede favorecerlos sin necesidad de haber sido coordinado. Pérez necesita que Aguirre permanezca suficientemente lejos para preservar el relato de una renovación independiente, mientras Aguirre necesita marcar distancia de quienes dirigieron el oficialismo legislativo para consolidar su nueva condición de crítico. De ese modo, cada uno puede construir el personaje que necesita para la siguiente etapa: el dirigente renovador que se emancipa de su propio origen y el opositor severo que procura que el público olvide cuántas veces su bancada supo encontrar acomodo en las negociaciones con ese mismo poder.
Guatemala necesita oposición, fiscalización y alternativas para 2027, pero eso no obliga a aceptar sin examen a cada dirigente que levanta la voz, interpone una acción judicial o estrena organización política. Pérez debe explicar cómo pretende corregir desde Raíces aquello que no consiguió transformar cuando ocupaba una posición central dentro del oficialismo, mientras Aguirre tiene que demostrar que detrás de su habilidad negociadora y de la severidad que intenta convertir en autoridad existe una verdadera visión de Estado.
Ambos han demostrado un notable instinto para aproximarse a la crisis adecuada en el momento oportuno, pero el oportunismo táctico puede servir para ganar una votación, fabricar notoriedad o conseguir una escena eficaz para las redes sociales; resulta bastante menos útil cuando llega el momento de gobernar un país. Guatemala conoce demasiado bien a los personajes que primero construyen una imagen, después buscan una crisis que la justifique y solamente al final, si las circunstancias lo permiten, comienzan a preguntarse qué hacer con el poder.
De cara a 2027, Pérez y Aguirre quieren convencer al país de que poseen la capacidad necesaria para corregir el rumbo, aunque antes tendrán que demostrar algo más elemental: que sus críticas contienen más sustancia que cálculo, que sus nuevas posiciones políticas resisten el contraste con sus propias trayectorias y que detrás de la renovación que promete uno y de la autoridad que intenta proyectar el otro existe algo más que ambición. Porque Guatemala corre el riesgo de descubrir, una vez más, que cambiar los protagonistas de la fotografía no necesariamente cambia la política que ocurre fuera del encuadre.