A pocas horas de que Walter Mazariegos asuma un nuevo período al frente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), la incertidumbre jurídica continúa marcando el futuro inmediato de la única universidad pública del país. Mientras el acto de toma de posesión sigue programado para este 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC) mantiene abiertas acciones que podrían incidir en el desenlace de una elección que desde su origen ha estado rodeada de cuestionamientos y recursos legales.
En uno de los movimientos más relevantes de las últimas horas, la CC ordenó a la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo remitir, en un plazo de cuatro horas, el expediente relacionado con el amparo promovido por el colectivo Usac-DIRE, que busca impedir que el Consejo Superior Universitario (CSU) dé posesión a Mazariegos para el período 2026-2030. La resolución responde a la apelación presentada luego de que la Sala rechazara conocer el amparo el pasado 26 de junio, por lo que el máximo tribunal constitucional deberá analizar si procede revisar el fondo del caso antes de que el nombramiento se materialice.
La decisión de la Corte incrementó la expectativa dentro y fuera de la universidad, ya que el tiempo juega un papel determinante. Si bien la orden de remitir el expediente no suspende automáticamente la toma de posesión, sí abre la posibilidad de que la CC conozca el recurso cuando restan apenas horas para el inicio del nuevo período rectoral. Esa situación mantiene en suspenso a la comunidad universitaria, que permanece dividida entre quienes respaldan la continuidad de Mazariegos y quienes consideran que el proceso de elección carece de legitimidad.
La controversia no es nueva. La reelección de Mazariegos volvió a ser cuestionada por sectores universitarios que denuncian irregularidades en la integración del cuerpo electoral, la exclusión de electores y decisiones adoptadas por el Consejo Superior Universitario, señalamientos que han dado lugar a una cadena de amparos, apelaciones y resoluciones judiciales durante los últimos meses. A ello se suma que el rector electo enfrenta cuestionamientos por la falta de un finiquito emitido por la Contraloría General de Cuentas, además de diversas denuncias que permanecen bajo investigación.
El presidente Bernardo Arévalo también se pronunció sobre la crisis y expresó su confianza en que las acciones legales impulsadas por el Estado permitan corregir las irregularidades señaladas durante el proceso y abrir la puerta a una nueva elección de rector. El mandatario señaló que la apelación promovida por la Procuraduría General de la Nación (PGN) busca precisamente que la CC conozca el fondo del amparo y permita encaminar un proceso que garantice la elección de autoridades universitarias conforme a la ley. “Esperamos que haya consecuencias alrededor de eso y se permita un proceso que eventualmente conduzca a las elecciones legales de un rector legítimo en la Universidad de San Carlos”, afirmó.
Mientras tanto, el acto de toma de posesión continúa programado y, salvo una resolución de última hora, Walter Mazariegos asumirá un nuevo mandato en medio de una de las mayores controversias institucionales que ha enfrentado la Usac en los últimos años. El desenlace de las acciones pendientes ante la Corte de Constitucionalidad podría definir no solo el futuro de la rectoría, sino también el alcance de una disputa que desde 2022 ha puesto en tela de juicio la gobernabilidad, la autonomía y la legitimidad de las autoridades de la universidad pública más importante del país.