La crisis de Nicaragua volvió a ocupar un lugar central en la agenda hemisférica durante la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), luego de que Costa Rica expresara su preocupación por la presencia de fuerzas militares rusas y de organizaciones como Hamás y Hezbolá en territorio nicaragüense. Las declaraciones fueron realizadas por el canciller costarricense, Manuel Tovar, en un discurso que elevó el tono de las advertencias sobre la situación política y de seguridad en el país gobernado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Durante su intervención, Tovar afirmó que Costa Rica observa con preocupación la presencia de fuerzas militares rusas en Nicaragua y la actividad de grupos que su gobierno considera organizaciones terroristas. El canciller vinculó además estas preocupaciones con recientes operativos de seguridad realizados en territorio costarricense, donde las autoridades detuvieron a personas presuntamente relacionadas con Hamás.
La denuncia no surge de manera aislada. Desde hace varios años, San José ha manifestado inquietud por los acuerdos de cooperación militar suscritos entre Managua y Moscú. A principios de junio, el propio Tovar reiteró que la presencia de efectivos rusos en Nicaragua resulta difícil de justificar en una región que no enfrenta amenazas militares externas directas, una postura que mantiene continuidad con cuestionamientos formulados anteriormente por distintos gobiernos costarricenses.
El señalamiento también se produce en un contexto internacional especialmente sensible. Costa Rica declaró este año como organizaciones terroristas a Hamás, Hezbolá, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y los hutíes de Yemen, argumentando razones de seguridad nacional y cooperación internacional. Esa decisión fortaleció los controles migratorios y financieros del país y sirve ahora de marco para las advertencias formuladas ante la OEA.
Además de los temas de seguridad, Costa Rica aprovechó la Asamblea para insistir en las denuncias sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. El canciller cuestionó la falta de transparencia en casos de presos políticos y pidió esclarecer las circunstancias de la muerte bajo custodia del dirigente indígena opositor Brooklyn Rivera, uno de los episodios que ha generado preocupación entre organismos internacionales y sectores de la oposición nicaragüense.
Las declaraciones de Tovar contrastan con posiciones más conciliadoras expresadas recientemente por sectores del gobierno costarricense respecto a Managua, lo que ha generado debate interno en Costa Rica sobre la relación con el régimen nicaragüense. Sin embargo, durante la Asamblea General, San José respaldó resoluciones críticas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades políticas en Nicaragua.
La advertencia costarricense se produjo en medio de una Asamblea marcada por las discusiones sobre el futuro de la OEA y su capacidad para responder a crisis democráticas en la región. Aunque Nicaragua abandonó formalmente el organismo en 2023, la situación del país continúa ocupando un lugar relevante dentro de los debates hemisféricos, especialmente por las denuncias de represión política, la creciente militarización y las preocupaciones sobre la influencia de actores externos en Centroamérica.