La situación judicial del periodista José Rubén Zamora volvió a ocupar el centro del debate público luego de que denunciara que la prolongada prisión preventiva a la que fue sometido durante años prácticamente le ha significado cumplir condenas sin que existan sentencias firmes en varios de los procesos abiertos en su contra. Sus declaraciones coincidieron con una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que cerró definitivamente el caso impulsado contra periodistas y columnistas del desaparecido diario elPeriódico, un expediente que surgió a raíz de la cobertura informativa relacionada con el fundador de ese medio.
Zamora, detenido en julio de 2022, sostiene que el tiempo que ha permanecido bajo medidas restrictivas constituye una forma de castigo anticipado. Tras pasar 1,295 días en prisión preventiva, obtuvo arresto domiciliario en febrero de este año, aunque continúa enfrentando diversos procesos judiciales. Organizaciones nacionales e internacionales han cuestionado reiteradamente la duración de su encarcelamiento y han advertido posibles violaciones al debido proceso.
En paralelo, la CC notificó el cierre definitivo del proceso contra periodistas y columnistas de elPeriódico, luego de que el Ministerio Público desistiera de una apelación con la que buscaba reactivar la investigación. El expediente había sido impulsado originalmente por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y señalaba a los comunicadores por supuestos actos de obstrucción a la justicia derivados de publicaciones relacionadas con el caso Zamora.
La resolución representa un giro significativo en uno de los casos que más preocupación generó entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Durante años, periodistas y columnistas permanecieron bajo la amenaza de una eventual persecución penal por su trabajo informativo, situación que diversos sectores calificaron como un intento de intimidación contra el ejercicio periodístico.
A ello se suma otro hecho que ha llamado la atención de observadores nacionales e internacionales. Durante una reciente vista pública celebrada por la Corte de Constitucionalidad para conocer un amparo relacionado con Zamora, ni el Ministerio Público ni la Fundación contra el Terrorismo (FCT) comparecieron ante los magistrados, pese a que ambas entidades han mantenido un papel activo dentro de los procesos impulsados contra el periodista. La audiencia se desarrolló únicamente con la participación de la defensa y otros actores procesales, en un momento clave para definir aspectos relacionados con las garantías constitucionales reclamadas por el exdirector de elPeriódico.
Aunque jurídicamente se trata de expedientes distintos, ambos casos comparten un mismo origen. La investigación contra periodistas de elPeriódico nació a partir de la cobertura periodística del proceso contra Zamora, convirtiéndose en uno de los episodios más controvertidos en la relación entre el Ministerio Público y los medios de comunicación durante los últimos años. El cierre de ese expediente contrasta con la situación que todavía enfrenta el fundador del periódico, cuyos procesos judiciales continúan abiertos.
El caso ha trascendido las fronteras guatemaltecas. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y Freedom House han cuestionado la prolongada prisión preventiva impuesta al periodista y han señalado posibles patrones de persecución contra comunicadores y actores vinculados a investigaciones de corrupción. Diversos informes internacionales han advertido además sobre irregularidades procesales y afectaciones al derecho de defensa.
Mientras Zamora insiste en que ha enfrentado una “condena anticipada” sin sentencia firme, el cierre definitivo del caso contra los periodistas de elPeriódico y las recientes actuaciones de la Corte de Constitucionalidad vuelven a colocar bajo escrutinio el uso de la prisión preventiva, la independencia judicial y las condiciones en que se ejerce la libertad de prensa en Guatemala.