La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó este sábado la declaración de estado de excepción impulsada por el presidente Rodrigo Paz, otorgando respaldo político a una medida extraordinaria que busca recuperar el control de las carreteras bloqueadas tras más de siete semanas de protestas, desabastecimiento y enfrentamientos que han dejado al menos 17 fallecidos. La decisión marca uno de los momentos más delicados para el Gobierno desde que asumió el poder y refleja la magnitud de una crisis que ha paralizado buena parte de la actividad económica del país.
El decreto, con vigencia de hasta 90 días, permite la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para despejar rutas estratégicas, proteger infraestructura crítica y restablecer el tránsito de combustible, alimentos y suministros médicos. La medida fue anunciada por Paz después de más de 50 días de bloqueos protagonizados por sindicatos, organizaciones campesinas y sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes rechazan las políticas económicas del Gobierno y exigen cambios en el manejo de la crisis económica.
La aprobación legislativa se produjo horas después de una sesión convocada de urgencia ante lo que el Ejecutivo calificó como una situación de “extrema gravedad”. La Asamblea Legislativa fue convocada para las 23:00 horas del sábado bajo la modalidad de presencialidad obligatoria, una decisión que rompió con la dinámica de las últimas semanas, cuando numerosos legisladores participaron de manera virtual debido a los bloqueos de carreteras. La medida evidenció el impacto que las protestas han tenido sobre el funcionamiento normal de las instituciones estatales, especialmente en la región andina y el centro del país, donde se concentra buena parte de los puntos de bloqueo.
La crisis continuó siendo visible incluso después de la entrada en vigor del estado de excepción. Bolivia amaneció el sábado con alrededor de 40 puntos de bloqueo activos, lo que reflejó las dificultades del Gobierno para recuperar de inmediato el control de las principales rutas del país. Aunque el Ejecutivo alcanzó acuerdos con algunos sectores, numerosas organizaciones mantuvieron las medidas de presión y continuaron exigiendo respuestas a la crisis económica.
El conflicto tiene profundas raíces económicas y políticas. Las protestas se intensificaron tras medidas impulsadas por el Gobierno para enfrentar los problemas fiscales y la escasez de divisas, en un contexto marcado por dificultades para importar combustibles, incremento en los costos de productos básicos y creciente malestar social. Los bloqueos han afectado el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, además de provocar pérdidas millonarias para el comercio, la industria y el transporte.
Mientras el Gobierno sostiene que el estado de excepción es necesario para garantizar la libre circulación y evitar un mayor deterioro económico, sectores opositores y organizaciones sociales advierten sobre los riesgos de una mayor participación militar en la gestión del conflicto. La aprobación parlamentaria fortalece políticamente a Rodrigo Paz en uno de los momentos más complejos de su mandato, pero la verdadera prueba será determinar si la medida logra desbloquear las carreteras y reducir una tensión social que mantiene al país en una situación de alta incertidumbre.