El alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el objetivo de impedir la realización de la marcha del Orgullo LGBTIQ+ programada para este sábado en la ciudad colonial. La solicitud busca que el máximo tribunal ordene la suspensión total de la actividad y que la Policía Nacional Civil (PNC) no brinde acompañamiento ni apoyo logístico durante el recorrido.
La acción judicial fue planteada contra autoridades del Organismo Ejecutivo, el Ministerio de Gobernación y la Gobernación Departamental de Sacatepéquez. Según explicó el jefe edil en un pronunciamiento público, la medida pretende resguardar el orden público, la paz social, las costumbres locales y la autonomía municipal. Asturias afirmó que la municipalidad tiene la obligación de proteger el carácter patrimonial y cultural de Antigua Guatemala frente a actividades que considera incompatibles con la visión de ciudad defendida por la comuna.
El conflicto se produce días después de que el Concejo Municipal rechazara por unanimidad una solicitud para autorizar el desfile, argumentando razones relacionadas con el uso del espacio público, la movilidad, la seguridad y la conservación del patrimonio histórico. La municipalidad también sostuvo que la actividad implicaría cierres y ocupación de áreas consideradas sensibles dentro del casco urbano.
La decisión ha generado una fuerte reacción entre organizaciones de la diversidad sexual y colectivos de derechos humanos, que consideran que la medida vulnera derechos constitucionales relacionados con la libre expresión, la libre reunión y la igualdad ante la ley. Diversas organizaciones sostienen que las manifestaciones públicas únicamente requieren ser notificadas a las autoridades competentes y no dependen de una autorización municipal previa.
Los colectivos también cuestionaron que se invoquen conceptos como la protección de la niñez, los valores o las costumbres para restringir una actividad pacífica. Según su postura, estos argumentos terminan excluyendo a una parte de la ciudadanía y pueden derivar en actos de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Las organizaciones anunciaron que evalúan acciones legales y han solicitado atención de observadores nacionales e internacionales ante el desarrollo del caso.
La controversia ocurre en un contexto en el que las actividades del Orgullo han enfrentado impugnaciones judiciales en años recientes. Aunque la Corte de Constitucionalidad ha conocido acciones similares, también ha reconocido la protección constitucional de los derechos de manifestación y reunión, convirtiendo este nuevo amparo en un caso que podría sentar precedentes sobre el alcance de la autonomía municipal frente a derechos fundamentales.
Mientras la CC analiza la solicitud, la marcha continúa programada para este sábado. La disputa ha trascendido el ámbito local y se ha convertido en un debate nacional sobre los límites entre la autonomía de las autoridades municipales, la protección del patrimonio cultural y el ejercicio de derechos constitucionales por parte de grupos históricamente marginados.