La próxima elección del titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) comienza a generar movimientos políticos incluso antes de que se integre formalmente la comisión de postulación. En el centro de las negociaciones aparece nuevamente Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), señalado por diversas fuentes universitarias, gremiales y organizaciones de fiscalización de impulsar una estrategia para presidir la comisión que elaborará la nómina de candidatos al cargo de contralor para el período 2026-2030.
Dentro del Foro de Rectores ya se desarrollan acercamientos y negociaciones para definir quién encabezará la postuladora. Fuentes vinculadas al proceso sostienen que Mazariegos busca consolidar apoyos suficientes para dirigir una instancia considerada estratégica no solo por la fiscalización del gasto público, sino también por su papel dentro del proceso electoral de 2027.
Las mismas fuentes afirman que actualmente existen tres bloques dentro del Foro de Rectores. Un grupo de universidades privadas se opondría a que el rector sancarlista presida la comisión, mientras otro bloque estaría dispuesto a respaldarlo. Entre ambos se mantiene un grupo de rectores que aún no ha definido su posición y cuyo voto podría resultar determinante cuando se realice la elección prevista para julio.
La disputa adquiere relevancia debido a que el presidente de la comisión de postulación no solo participa con voz y voto, sino que también influye en la convocatoria de sesiones, la conducción de los debates y, tradicionalmente, en la sede donde se desarrollan las reuniones. Organizaciones de observación ciudadana han advertido que la conducción de la postuladora puede incidir en la conformación de alianzas internas y en el desarrollo de un proceso que definirá a una de las instituciones más importantes para el control del gasto público.
El interés alrededor de la Contraloría también está relacionado con la situación particular de Mazariegos. Actualmente, el rector enfrenta cuestionamientos derivados de auditorías y denuncias relacionadas con la administración de la Usac. Además, distintos sectores han señalado que no cuenta con un finiquito vigente, documento indispensable para ejercer determinados cargos públicos y participar en diversos procesos institucionales. Analistas consideran que el relevo en la Contraloría es especialmente sensible porque esa entidad es la encargada de emitir dicho certificado.
Los cuestionamientos alrededor de la actual administración universitaria también coinciden con recientes señalamientos de la propia Contraloría General de Cuentas, que presentó denuncias contra varios integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) por continuar ejerciendo funciones pese a que sus períodos habrían vencido. El caso ha profundizado el debate sobre la legalidad de algunas decisiones adoptadas dentro del máximo órgano de dirección de la Usac y ha incrementado las críticas sobre la concentración de poder en la universidad estatal.
Las críticas hacia el rector no son nuevas. Su elección y posterior reelección han estado marcadas por denuncias de fraude, conflictos judiciales y cuestionamientos de estudiantes, docentes y organizaciones civiles. A ello se suman señalamientos sobre presuntas alianzas dentro de estructuras universitarias y gremiales para mantener influencia en órganos de decisión estratégicos. Aunque Mazariegos ha rechazado en distintas ocasiones las acusaciones en su contra, el tema continúa generando controversia dentro y fuera de la universidad estatal.
Otro elemento que ha llamado la atención de observadores es la incorporación de dos universidades de reciente creación a la futura comisión de postulación. Sectores ciudadanos han señalado que estas instituciones mantienen vínculos con personas cercanas al rector de la Usac, lo que podría incrementar su capacidad de influencia dentro del proceso. Organizaciones como Movimiento Pro Justicia han advertido que la integración final de la postuladora será determinante para evitar conflictos de interés en la selección de los aspirantes.
El antecedente adquiere relevancia en el contexto de la próxima elección del Contralor General de Cuentas. Diversos sectores consideran que la disputa por la presidencia de la comisión de postulación no solo responde al interés de influir en una institución encargada de fiscalizar el gasto público, sino también a la importancia que tendrá la Contraloría en la emisión de finiquitos, auditorías y procesos de control que podrían afectar a funcionarios, autoridades universitarias y actores políticos de cara a las elecciones generales de 2027.
La importancia de esta elección va mucho más allá del relevo en la Contraloría. La institución será clave en las elecciones generales de 2027, debido a que le corresponde emitir los finiquitos que exige la ley para la inscripción de candidatos a cargos de elección popular. Por ello, organizaciones ciudadanas consideran que la conformación de la comisión de postulación y la elección de su presidente representan una de las primeras grandes disputas políticas que marcarán el camino hacia el próximo proceso electoral.