El Ministerio de Salud denunció la existencia de una presunta estructura organizada que habría operado durante el gobierno de Alejandro Giammattei para favorecer la adquisición y comercialización del medicamento remdesivir, utilizado durante la emergencia por covid-19. La acusación involucra a jefes del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos, una viceministra técnica de Salud, evaluadores y coordinadores de autorizaciones sanitarias, representantes legales de empresas farmacéuticas, directores de hospitales y a la entonces ministra de Salud.
Según la investigación presentada por la cartera sanitaria, el caso se remonta a marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió la lista de medicamentos esenciales para el tratamiento de la covid-19 sin incluir al remdesivir. Sin embargo, tras la aprobación del fármaco por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), Guatemala modificó sus procedimientos regulatorios y posteriormente incorporó el medicamento dentro de los tratamientos autorizados para pacientes con coronavirus.
Las pesquisas sostienen que mediante el Acuerdo Ministerial 172-2020 se flexibilizaron los requisitos para homologar medicamentos producidos en el extranjero y se incluyó al remdesivir como medicamento esencial, pese a que tampoco figuraba entre las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Para las autoridades actuales, estas decisiones permitieron acelerar registros sanitarios y abrir el camino para compras millonarias con escasa competencia.
Uno de los hallazgos más relevantes es que una empresa solicitó el registro sanitario de un producto a base de remdesivir apenas un día después de que el medicamento fuera incorporado a la normativa nacional y obtuvo la autorización en solo siete días. De acuerdo con el Ministerio de Salud, otros competidores que posteriormente intentaron registrar versiones genéricas del mismo producto enfrentaron procesos mucho más prolongados, algunos de hasta uno y dos años, lo que habría generado ventajas exclusivas para determinados proveedores. Además, la revisión de los expedientes detectó trámites autorizados en cuestión de minutos e incluso segundos, situaciones que ahora son consideradas indicios de posibles anomalías administrativas.
El remdesivir fue uno de los medicamentos más controvertidos utilizados durante la pandemia. Aunque fue autorizado de emergencia en varios países por su capacidad para inhibir la replicación del coronavirus en pacientes hospitalizados, su eficacia fue objeto de debate dentro de la comunidad científica. La OMS no lo incluyó inicialmente dentro de los medicamentos esenciales para combatir la covid-19 y posteriormente emitió recomendaciones contra su uso generalizado debido a la limitada evidencia sobre su impacto en la reducción de la mortalidad, pese a lo cual Guatemala destinó millones de quetzales para su adquisición.
La investigación también concluyó que varios hospitales adquirieron cantidades de medicamento superiores a sus necesidades reales, sin justificación técnica que respaldara las compras. Las autoridades indicaron que en abril de este año detectaron un sobreabastecimiento valorado en millones de quetzales. Como ejemplo, el Hospital Regional de Cuilapa mantenía almacenado el 85 % de un lote adquirido durante la pandemia, mientras que en Nebaj y San Marcos también permanecían cientos de viales sin utilizar varios años después de haber sido comprados. Cada unidad tenía un costo aproximado de Q2 mil 500, lo que representa recursos públicos inmovilizados en medicamentos que permanecen en bodegas.
Las autoridades también señalaron que las farmacéuticas Aviv y La Botica concentraron las ventas del medicamento al Estado entre 2020 y 2021, alcanzando en conjunto más de Q143 millones. Según la investigación, ambas compañías lograron controlar prácticamente todo el mercado relacionado con el remdesivir durante la emergencia sanitaria, mientras que en algunos procesos figuraban como únicas oferentes.
Otro de los hallazgos señala que los proveedores incumplieron la cláusula contractual que los obligaba a sustituir el producto vencido, por lo que al menos 1 mil 700 viales permanecen almacenados mientras se resuelve el proceso. El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, afirmó que existen suficientes elementos para que el Ministerio Público profundice las investigaciones y adelantó que la cartera continuará presentando denuncias relacionadas con posibles irregularidades detectadas en las compras realizadas durante la emergencia sanitaria. Asimismo, recordó que desde 2024 el ministerio ha impulsado más de un centenar de denuncias vinculadas con presuntos actos de corrupción en el sistema de salud pública.