La violencia ligada a las estructuras criminales que operan en el área metropolitana volvió a cobrar una vida este miércoles, cuando Brayan Roberto Martínez Orellana, de 32 años, fue asesinado a balazos en la colonia Río Azul, en el municipio de San Pedro Ayampuc. El ataque ocurrió cuando el joven salía de su vivienda para dirigirse a su jornada laboral como taxista, según relataron familiares y vecinos del sector.
De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, una ráfaga de disparos alertó a los residentes de la comunidad, quienes encontraron a la víctima tendida sobre la vía pública en el ingreso principal que conduce hacia la cabecera municipal. La madre del fallecido indicó que su hijo se preparaba para cumplir uno de sus turnos habituales entre la tarde y la noche, sin imaginar que sería interceptado por sus atacantes a pocos metros de su hogar.
Las primeras versiones apuntan a que Martínez Orellana había sido objeto de amenazas por parte de pandilleros, debido a que realizaba viajes hacia Llanos y Altos de Santa María, sectores identificados por los vecinos como áreas bajo influencia de la Mara 18. En esa zona persiste una disputa territorial con la Mara Salvatrucha, organización que mantiene presencia en Brisas de San Pedro Ayampuc y en la propia colonia Río Azul, donde además se le atribuyen actividades de extorsión.
Vecinos denunciaron que la confrontación entre ambas estructuras criminales ha deteriorado aún más las condiciones de seguridad en la comunidad. Algunos comerciantes aseguran verse obligados a pagar extorsiones a diferentes grupos para poder mantener abiertos sus negocios, una situación que refleja el control que las pandillas continúan ejerciendo sobre determinadas áreas y actividades económicas.
La indignación entre los habitantes aumentó debido a que el crimen ocurrió a pocas cuadras de una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC). Los residentes cuestionaron la capacidad de respuesta de las autoridades y señalaron que, pese a la presencia policial en el sector, los hechos violentos continúan registrándose con frecuencia, generando temor e incertidumbre entre las familias.
El asesinato del taxista vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrentan las instituciones de seguridad para contener la expansión de las extorsiones y las disputas territoriales entre pandillas. Mientras las investigaciones avanzan para establecer responsabilidades, vecinos de Río Azul exigen acciones concretas que permitan recuperar el control de una zona donde la violencia se ha convertido en una amenaza constante para quienes simplemente intentan trabajar y sostener a sus familias.