El Congreso de la República abrió un nuevo frente de debate sobre el desarrollo de la tecnología 5G en Guatemala al solicitar al Gobierno que evalúe la posibilidad de declarar lesiva la adjudicación de frecuencias de la banda de 700 MHz realizada en 2023. La iniciativa fue impulsada por diputados del bloque Cabal, encabezados por Luis Aguirre, quienes pidieron al presidente Bernardo Arévalo actuar antes del próximo 12 de septiembre, fecha en que vencería el plazo legal para promover una acción de lesividad.
Durante una citación legislativa, autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) explicaron que fueron adjudicados 60 MHz de espectro radioeléctrico, distribuidos en seis bloques de 10 MHz, por un monto total de Q1 mil 006 millones. Los diputados cuestionaron si el Estado recibió una compensación acorde al valor real de un recurso considerado estratégico para el desarrollo de las telecomunicaciones.
Uno de los aspectos más controvertidos de la audiencia fue que, según explicó el superintendente Herber Rubio, no ha sido localizado el estudio técnico que habría servido para determinar el precio base de la subasta. El valor de referencia fue fijado en Q335.3 millones por bloque, pero los legisladores sostienen que no existe documentación disponible que respalde esa valoración.
Aguirre argumentó además que la licitación se desarrolló en un escenario de competencia limitada, debido a que únicamente participaron dos operadores de telefonía. Según estimaciones presentadas por los diputados, el Estado pudo haber percibido entre 124% y 255% más ingresos, lo que representaría alrededor de Q1 mil 600 millones adicionales respecto al monto finalmente obtenido.
El jefe de la bancada Cabal también anunció una denuncia penal contra el exsuperintendente de Telecomunicaciones, Marco Antonio Baten Ruiz, por posibles irregularidades relacionadas con el proceso de adjudicación. No obstante, hasta ahora no existe una resolución judicial ni una investigación concluida que determine que la subasta fue ilegal o que se cometieron actos de corrupción.
La oposición cuestiona una adjudicación multimillonaria de frecuencias 5G y exige al Gobierno revisar un contrato que considera perjudicial para el Estado. En esa línea, Aguirre pidió al presidente Arévalo que el caso sea conocido por el Consejo de Ministros y que se promueva una declaratoria de lesividad para intentar revertir el contrato y recuperar los recursos que, según su planteamiento, el país dejó de percibir.
La ofensiva también tiene una evidente dimensión política. Aguirre ha incrementado su presencia pública mediante citaciones, fiscalizaciones y denuncias dirigidas a distintas instituciones, y ahora traslada esa estrategia a un sector especialmente sensible por su impacto económico y tecnológico. La controversia le permite situarse en el centro de un debate que involucra inversiones millonarias, grandes operadores privados y decisiones adoptadas durante la administración anterior.
Esa dimensión política quedó reflejada incluso en la puesta en escena de la citación legislativa. Durante la reunión, Aguirre apareció utilizando una gorra, vestimenta y otros elementos identificados con la marca de Cabal, una imagen que refuerza la asociación entre la denuncia y el partido. Para analistas políticos, este tipo de recursos de comunicación contribuyen a proyectar la fiscalización del caso como una bandera partidaria y a vincular a Cabal con un discurso de transparencia, control del gasto público y defensa de los recursos del Estado, en momentos en que las distintas fuerzas comienzan a posicionarse de cara al ciclo electoral de 2027.
La presión sobre el Ejecutivo coloca a Bernardo Arévalo ante una decisión compleja. Si el Gobierno no actúa, sus detractores podrán acusarlo de ignorar una adjudicación cuestionada; si impulsa una declaratoria de lesividad, abriría una disputa jurídica y económica con potencial impacto sobre el despliegue de la tecnología 5G. En cualquiera de los escenarios, Aguirre consigue situar el debate en términos favorables para su narrativa política, al colocar al Gobierno en una posición defensiva frente a una controversia que involucra recursos millonarios, transparencia institucional y uno de los proyectos tecnológicos más importantes para el país. Así, una discusión originalmente técnica sobre la gestión del espectro radioeléctrico ha terminado convirtiéndose en uno de los debates políticos más relevantes del momento.