Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visa contra más de 100 funcionarios y colaboradores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, una medida adoptada tras la muerte bajo custodia estatal del histórico líder indígena miskito Brooklyn Rivera, cuyo fallecimiento ha provocado una ola de condenas internacionales y renovado el escrutinio sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
La decisión fue confirmada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien responsabilizó directamente al régimen nicaragüense por la muerte de Rivera, considerado una de las figuras más influyentes de la Costa Caribe y fundador del movimiento indígena Yatama. Rivera permaneció detenido desde 2023 y falleció el pasado 30 de mayo a los 73 años mientras se encontraba bajo custodia estatal, después de casi tres años de encarcelamiento y denuncias constantes sobre su estado de salud.
Con las nuevas sanciones, más de 2 mil 350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares han sido objeto de restricciones migratorias por parte de Washington, en una de las campañas de presión diplomática más amplias impulsadas por Estados Unidos contra el Gobierno de Ortega en los últimos años.
La muerte del dirigente indígena generó fuertes cuestionamientos de organismos internacionales. Expertos de Naciones Unidas exigieron una investigación independiente y reclamaron rendición de cuentas al Estado nicaragüense, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaron que Rivera permaneció durante largos períodos sin contacto regular con su familia ni supervisión externa sobre sus condiciones de detención.
La polémica se intensificó después de que familiares del líder miskito denunciaran que las autoridades controlaron el proceso funerario y limitaron la entrega de sus restos. Diversas organizaciones interpretaron estas acciones como parte de un patrón de represión dirigido contra voces críticas del régimen y contra representantes de pueblos indígenas de la Costa Caribe.
El caso de Brooklyn Rivera se ha convertido en uno de los episodios más delicados para el gobierno de Ortega y Murillo desde el inicio de la crisis política que atraviesa Nicaragua desde 2018. La presión internacional no solo se concentra en las circunstancias de su muerte, sino también en las condiciones de detención de opositores políticos y en las denuncias sobre restricciones a las libertades fundamentales dentro del país.
La nueva ofensiva diplomática de Washington refleja además el creciente aislamiento internacional del régimen nicaragüense. Mientras Managua rechaza las acusaciones y defiende su actuación, la acumulación de sanciones, restricciones migratorias y pronunciamientos de organismos multilaterales evidencia que la situación de los derechos humanos continúa deteriorando las relaciones de Nicaragua con buena parte de la comunidad internacional.