El Congreso de la República aprobó este martes las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, una normativa considerada clave para que Guatemala fortalezca sus controles financieros y evite observaciones o eventuales sanciones internacionales relacionadas con la supervisión de su sistema financiero.
La aprobación ocurrió después de varias semanas de discusión y de advertencias por parte de autoridades financieras sobre la necesidad de actualizar la legislación para cumplir con los estándares exigidos por organismos internacionales especializados en la prevención de delitos financieros.
Uno de los aspectos que marcó el debate fue el rechazo a una serie de modificaciones impulsadas por diputados de Vamos, Valor y la UNE, quienes promovieron cambios a algunos artículos del proyecto. Sin embargo, esas propuestas no prosperaron y el pleno terminó aprobando la iniciativa sin las enmiendas que habían generado preocupación entre autoridades del sector financiero.
La Superintendencia de Bancos (SIB) había advertido que ciertas modificaciones podían debilitar el alcance de la ley y afectar el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por Guatemala. La institución insistió en la necesidad de aprobar una normativa alineada con las recomendaciones técnicas internacionales.
La nueva legislación fortalece los mecanismos para prevenir y sancionar el lavado de dinero y también incorpora disposiciones para combatir el financiamiento del terrorismo. Además, introduce reformas al Código de Comercio, la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y el Código de Notariado, con el objetivo de actualizar distintos instrumentos legales relacionados con la supervisión y control de operaciones financieras.
La actualización forma parte de los compromisos asumidos por Guatemala ante organismos internacionales que evalúan la capacidad de los países para detectar operaciones sospechosas, rastrear recursos de origen ilícito y evitar que el sistema financiero sea utilizado para actividades criminales.
Especialistas han señalado que una evaluación negativa podría generar consecuencias para el país, incluyendo mayores controles sobre transacciones internacionales, dificultades para acceder a servicios financieros globales y un impacto en la percepción de riesgo para inversionistas y entidades bancarias.
La aprobación de la ley representa uno de los cambios más relevantes en materia financiera durante el presente período legislativo, ya que busca fortalecer los mecanismos de supervisión y reducir los riesgos de que Guatemala enfrente observaciones en futuras evaluaciones internacionales.