Durante años, la política guatemalteca pareció moverse entre la resignación y la desconfianza. Por eso la llegada de Bernardo Arévalo al poder fue interpretada por amplios sectores de la población como la posibilidad de abrir una etapa distinta, una oportunidad para romper con las prácticas que habían erosionado la credibilidad de las instituciones y devolverle a la ciudadanía la convicción de que el país podía avanzar en otra dirección. Sin embargo, cuando el calendario se acerca al proceso electoral de 2027 y los ciudadanos son consultados sobre el rumbo nacional, la fotografía que emerge es profundamente incómoda para el oficialismo. La más reciente encuesta de Fundación Libertad y Desarrollo y CID Gallup no muestra únicamente un desgaste gubernamental; refleja algo más delicado y potencialmente más peligroso: la transformación de la esperanza en desencanto, de la expectativa en frustración y de la ilusión de cambio en una creciente sensación de que Guatemala sigue sin encontrar el rumbo que millones de ciudadanos esperaban.
El juicio ciudadano sobre la gestión
Todo gobierno termina enfrentando el mismo examen. Llega un momento en que los discursos pierden relevancia y la ciudadanía comienza a evaluar exclusivamente los resultados obtenidos. La administración de Bernardo Arévalo parece haber entrado de lleno en esa etapa. Los datos de la encuesta muestran que apenas tres de cada diez guatemaltecos mantienen una opinión favorable de la gestión gubernamental, mientras que la desaprobación supera ampliamente a quienes conservan una valoración positiva. Más revelador todavía resulta el hecho de que únicamente un 5 % de los entrevistados considere que el desempeño presidencial ha sido “muy bueno”, una cifra particularmente reducida para cualquier mandatario que se acerca al tramo decisivo de su gestión.
La relevancia de estos números no radica únicamente en los porcentajes. Lo que reflejan es un deterioro de la confianza pública en la capacidad del Gobierno para conducir el país en una dirección que la mayoría considere positiva. En política, la aprobación es mucho más que una medición de simpatía; es un indicador sobre la credibilidad de quienes gobiernan para resolver problemas, administrar crisis y ofrecer resultados concretos.
La situación se vuelve aún más significativa cuando se compara con la historia reciente. Arévalo aparece entre los presidentes peor evaluados de la era democrática moderna, superando únicamente los niveles de desgaste registrados por Alfonso Portillo y Alejandro Giammattei. Para cualquier administración, una comparación de esta naturaleza constituye una señal de alerta. No se trata únicamente de una caída en la aprobación; se trata de una erosión acelerada del capital político y de una advertencia para un gobierno que entra en la recta final de su gestión con niveles de respaldo significativamente inferiores a los que acompañaron sus primeros meses en el poder.
Con el ciclo electoral de 2027 cada vez más cerca y la discusión sobre la sucesión presidencial comenzando a dominar el debate nacional, el desafío para el oficialismo ya no consiste únicamente en gobernar. También debe convencer a una ciudadanía crecientemente escéptica de que todavía existen razones para confiar en la dirección que está tomando el país.
El costo de la vida derrotó al relato oficial
Existe una realidad que ningún gobierno puede administrar mediante discursos, campañas institucionales o estrategias de comunicación. Esa realidad se encuentra en los hogares, en los mercados, en las farmacias y en las cuentas que las familias hacen cada fin de mes. Es precisamente ahí donde la administración Arévalo enfrenta su mayor problema político.
La encuesta revela que el 76 % de los guatemaltecos considera que el país avanza por un rumbo equivocado, mientras apenas un 19 % cree que Guatemala marcha en la dirección correcta. Lejos de ser una fotografía coyuntural, el dato confirma una tendencia de escepticismo persistente que se ha mantenido prácticamente inalterada durante los últimos meses y que refleja una pérdida progresiva de confianza en la conducción nacional.
Buena parte de esta percepción parece estar vinculada al deterioro de las condiciones económicas. Por primera vez desde la llegada de Arévalo al poder, el costo de la vida desplazó a la inseguridad como la principal preocupación nacional, una señal que debería preocupar profundamente al Ejecutivo. El porcentaje de ciudadanos que identifica el aumento de precios como su principal problema pasó de 28 % a 39 % en apenas cuatro meses, un salto que refleja el creciente peso que la economía doméstica tiene sobre la percepción pública.
No se trata simplemente de una variación estadística. El incremento refleja una transformación en las preocupaciones de los hogares guatemaltecos y constituye una señal de deterioro social que el Gobierno difícilmente puede ignorar. Detrás de ese aumento aparecen miles de familias que perciben que el dinero alcanza cada vez para menos, que ajustan sus gastos, eliminan consumos básicos o postergan decisiones importantes porque la economía doméstica se ha vuelto considerablemente más difícil que hace apenas unos meses.
La sensación de deterioro se confirma cuando un 62 % de los entrevistados asegura que el costo de la vida ha aumentado considerablemente durante el último cuatrimestre. El dato rompe la tendencia observada a finales de 2025 e inicios de 2026 y refleja una percepción de encarecimiento acelerado que afecta directamente la vida cotidiana de miles de hogares. La política tiene una característica implacable: los ciudadanos pueden tolerar errores, conflictos e incluso crisis institucionales, pero difícilmente perdonan la sensación de que cada vez les cuesta más sostener a sus familias. Cuando llenar la despensa, pagar medicamentos o cubrir gastos básicos se vuelve más difícil, la confianza en quienes gobiernan comienza a erosionarse con rapidez.
Una economía que divide a los hogares
La percepción sobre la situación económica familiar aparece profundamente fragmentada, pero los datos esconden una señal de alerta que el Gobierno difícilmente puede ignorar. Aunque existe un segmento importante de la población que considera haber mejorado durante el último año, un 42 % de los encuestados afirma que su situación económica está peor o mucho peor que hace doce meses, una cifra extraordinariamente elevada para cualquier administración que aspire a convencer a la ciudadanía de que el país progresa.
Más revelador aún resulta observar quiénes integran ese grupo. Son principalmente las personas mayores de 40 años quienes expresan una visión más negativa de la economía. No se trata de un dato menor. Son los ciudadanos que sostienen hogares, enfrentan los principales gastos familiares y poseen una referencia más amplia para comparar la evolución económica del país. Más de la mitad de ellos considera que su situación ha empeorado, una percepción que ayuda a explicar buena parte del malestar reflejado en otros apartados de la encuesta.
El hecho de que una parte de la población reporte mejoras no elimina la advertencia que contienen los datos. Por el contrario, describe una sociedad cada vez más dividida en sus percepciones económicas, donde el optimismo de algunos sectores convive con una sensación de deterioro entre quienes enfrentan de forma más directa el aumento del costo de vida, la presión sobre los ingresos familiares y la incertidumbre sobre el futuro. En política existe una máxima difícil de refutar: los gobiernos pueden sobrevivir a escándalos, conflictos ideológicos e incluso a momentos de fuerte polarización. Lo que rara vez sobreviven es a una percepción extendida de que el esfuerzo cotidiano produce cada vez menos resultados y que las dificultades económicas continúan acumulándose sin una mejora claramente visible en el horizonte.
El país que comienza a mirar la puerta de salida
Quizá uno de los datos más preocupantes de toda la encuesta sea el relacionado con la migración. Más de cuatro de cada diez guatemaltecos admiten que contemplarían abandonar el país si contaran con los recursos necesarios para hacerlo. Detrás de esa cifra existe una realidad que va mucho más allá del fenómeno migratorio. Lo que revela el estudio es una erosión de la confianza en las oportunidades que Guatemala ofrece a sus propios ciudadanos.
La intención de emigrar es especialmente elevada entre jóvenes, profesionales y habitantes del área metropolitana, precisamente algunos de los sectores que deberían estar impulsando el crecimiento económico y la modernización del país. Resulta particularmente revelador que el 36 % de quienes poseen educación superior considere muy probable abandonar Guatemala si tuviera los medios para hacerlo, una cifra que debería encender todas las alarmas en cualquier estrategia de desarrollo nacional.
El dato adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando se observa que buena parte de quienes desean marcharse pertenecen a sectores jóvenes, urbanos y con niveles educativos superiores. Guatemala no solo enfrenta un fenómeno migratorio tradicional; también corre el riesgo de perder talento, capital humano y capacidades profesionales que resultan fundamentales para impulsar el desarrollo económico y la modernización institucional que el país necesita.
Las razones detrás de esa intención son aún más reveladoras. La gran mayoría menciona bajos salarios, falta de empleo y escasez de oportunidades económicas como los principales motivos para marcharse. Muy por detrás aparecen factores como la inseguridad o la reunificación familiar. La lectura es inevitable. Una parte importante de quienes contemplan emigrar no está huyendo de una crisis política ni de un conflicto social; está buscando oportunidades económicas que considera inalcanzables dentro del país.
Cuando una sociedad percibe oportunidades de progreso, sus ciudadanos tienden a invertir, emprender y construir proyectos de vida dentro de sus fronteras. Cuando una proporción creciente de la población comienza a mirar hacia el exterior, lo que está expresando es una evaluación crítica sobre las posibilidades que encuentra en su propio entorno. Esa es una de las señales más preocupantes que deja esta encuesta.
La corrupción: la promesa que aún espera resultados
Existe una paradoja especialmente incómoda para el oficialismo. La principal bandera que llevó a Semilla al poder continúa apareciendo entre las mayores preocupaciones nacionales. La corrupción sigue siendo señalada por más de un tercio de los ciudadanos como uno de los problemas más graves que enfrenta Guatemala, una realidad que debería obligar a una profunda reflexión dentro del Gobierno.
La contradicción resulta evidente. El movimiento que construyó su identidad política alrededor del combate a la corrupción enfrenta una ciudadanía que continúa percibiendo ese fenómeno como una amenaza central para el país. No necesariamente porque los ciudadanos consideren que el actual gobierno reproduce los mismos esquemas que denunció durante la campaña, sino porque muchos ya no perciben una ruptura suficientemente clara con las estructuras de poder que se prometió transformar.
Después de casi tres años de gestión, una parte importante de la población sigue observando los mismos grupos de influencia, los mismos operadores políticos, las mismas negociaciones y buena parte de las mismas dinámicas que durante décadas condicionaron la vida pública nacional. La consecuencia de esa percepción resulta difícil de evitar. A medida que transcurren los meses, la promesa de transformación comienza a perder fuerza frente a la impresión de que muchos de los mecanismos que durante años alimentaron la desconfianza ciudadana siguen operando bajo nuevas circunstancias.
No necesariamente porque los ciudadanos consideren que nada ha cambiado, sino porque una parte creciente de la población no percibe una ruptura suficientemente contundente con las estructuras de poder que el oficialismo prometió desmontar. La promesa de transformación pierde fuerza cuando el ciudadano común sigue observando que las élites políticas continúan ejerciendo influencia, que los grupos de interés mantienen capacidad de presión y que la política nacional sigue girando alrededor de círculos de poder que parecían destinados a desaparecer. Tampoco ayuda que, pese al discurso de renovación, sigan apareciendo figuras cuestionadas, alianzas de conveniencia y decisiones que alimentan la percepción de que el sistema continúa absorbiendo a quienes prometieron reformarlo desde dentro.
El hecho de que el combate a la corrupción continúe figurando entre las áreas peor evaluadas del Gobierno convierte este asunto en una vulnerabilidad particularmente delicada. Después de todo, los gobiernos suelen sobrevivir a errores administrativos o dificultades económicas. Lo que resulta mucho más complicado es sobrevivir al desgaste de la causa que les dio origen, especialmente cuando esa causa fue presentada como el eje central de un proyecto político de transformación nacional.
Las encuestas van y vienen; el malestar permanece
Quizá uno de los aspectos más reveladores de esta historia no se encuentre en los números, sino en la respuesta que estos provocaron. Desde el Gobierno se afirmó que las encuestas “van y vienen” y que la labor del Ejecutivo no debe evaluarse únicamente a través de mediciones coyunturales. La observación podría resultar razonable si los resultados reflejaran una fluctuación aislada o una reacción momentánea frente a algún acontecimiento específico.
Sin embargo, los datos parecen describir algo diferente. Cuando una mayoría abrumadora considera que el país va por mal camino; cuando el costo de la vida se convierte en la principal preocupación nacional; cuando miles de ciudadanos contemplan emigrar por falta de oportunidades; cuando la corrupción continúa ocupando un lugar central en las inquietudes ciudadanas y cuando la desaprobación supera claramente a la aprobación presidencial, el debate deja de girar alrededor de la encuesta misma.
La verdadera discusión pasa a ser aquello que la encuesta está revelando. Porque las mediciones efectivamente van y vienen, pero lo que permanece es el estado de ánimo de la sociedad que las produce. Los ciudadanos no responden encuestas para escuchar explicaciones. Lo hacen para expresar preocupaciones, frustraciones y demandas que esperan ver atendidas mediante decisiones concretas y resultados visibles.
Al final, la suma de todos los indicadores conduce a una conclusión inquietante. Guatemala no parece encontrarse ante una crisis de gobernabilidad inmediata ni frente a un colapso institucional. Lo que muestran los datos es algo más silencioso, pero también más profundo: una creciente pérdida de confianza en la capacidad del sistema político para responder a los problemas que afectan la vida cotidiana de la población.
Quizá esa sea la herencia más peligrosa que puede dejar cualquier administración. No se trata del enojo ciudadano, que suele expresarse y canalizarse políticamente, ni tampoco de la crítica que inevitablemente acompaña a cualquier gobierno. El verdadero riesgo aparece cuando la frustración deriva en apatía y cuando la ciudadanía deja de creer que las cosas pueden mejorar. En ese punto, la desconfianza deja de ser un problema para un gobierno específico y comienza a convertirse en un problema para toda la democracia.
Porque si algo sugieren los resultados de esta encuesta es que la esperanza que movilizó a una parte importante del electorado en 2023 se está encontrando con una realidad mucho más compleja, marcada por preocupaciones económicas crecientes, dudas sobre la capacidad de transformación institucional y una sensación cada vez más extendida de que los cambios prometidos avanzan a una velocidad muy inferior a la que los ciudadanos esperaban.