La administración del presidente Donald Trump endureció este miércoles su discurso sobre el lavado de dinero en América Latina y colocó nuevamente a Guatemala bajo presión para fortalecer su legislación financiera. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos aseguró que el lavado de dinero representa “una de las mayores amenazas a la seguridad en nuestro hemisferio”, vinculándolo directamente con el fortalecimiento de cárteles, narcotráfico y redes criminales transnacionales.
Por medio de una publicación oficial en la red social X, la oficina estadounidense afirmó que estas estructuras criminales utilizan el lavado de dinero para convertir actividades ilícitas como el narcotráfico y el tráfico de personas en recursos económicos que luego financian violencia, corrupción y operaciones criminales en distintos países de la región.
El mensaje dejó ver que Washington ya no observa el lavado de dinero únicamente como un delito financiero, sino como un problema de seguridad hemisférica. La declaración incluso utilizó el término “narcoterroristas”, una expresión que históricamente Estados Unidos ha reservado para endurecer su narrativa regional de seguridad y justificar mayor presión política sobre gobiernos considerados estratégicos dentro de la lucha contra el crimen organizado.
“La administración Trump apoya firmemente los esfuerzos de los países de nuestra región, incluyendo el fortalecimiento de la legislación cuando sea necesario y la aplicación de sus propias leyes contra el lavado de dinero para reprimir a los delincuentes que se lucran con sus actividades ilegales”, señaló el comunicado difundido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
Las declaraciones llegan en medio de la discusión en Guatemala sobre la iniciativa 6593, la nueva ley antilavado impulsada bajo estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El debate ha generado tensiones políticas y preocupación en algunos sectores económicos, especialmente entre comerciantes y trabajadores informales que temen controles excesivos sobre el manejo de efectivo.
Sin embargo, la presión estadounidense parece estar acelerando movimientos dentro del Congreso. En las últimas horas, el presidente del Legislativo, Luis Contreras, aseguró que la iniciativa ya tendría alrededor de 80 votos favorables para avanzar en su aprobación, en medio de negociaciones entre varias bancadas.
El problema político para el gobierno de Bernardo Arévalo consiste en que la discusión comienza a percibirse cada vez menos como una reforma construida desde prioridades nacionales y más como una respuesta a exigencias directas de Washington. Aunque el oficialismo insiste en que la normativa busca proteger la estabilidad financiera y evitar sanciones internacionales, sectores críticos cuestionan hasta qué punto Guatemala mantiene autonomía real sobre decisiones sensibles de política interna.
El episodio vuelve a exhibir una dinámica recurrente en la región: muchas reformas consideradas urgentes avanzan únicamente cuando Estados Unidos convierte los temas de seguridad y crimen organizado en asuntos de presión diplomática directa. Mientras tanto, Guatemala continúa atrapada entre la necesidad de fortalecer sus controles financieros y la percepción creciente de que buena parte de su agenda institucional sigue marcada desde el exterior.