La elección de Roberto Molina Barreto como magistrado titular y de Luis Rosales como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) en el Congreso de la República ha generado reacciones políticas dentro y fuera del país, incluyendo pronunciamientos y atención de actores internacionales como Estados Unidos y la Unión Europea.
La votación se produjo tras una extensa sesión parlamentaria marcada por fuertes debates entre bancadas. Molina Barreto obtuvo 100 votos a favor, mientras que Rosales fue electo como magistrado suplente con 117 votos, resultado que evidenció el peso de una alianza de bancadas opositoras frente al bloque oficialista.
Durante la jornada, diputados del oficialista Movimiento Semilla y algunos aliados realizaron intervenciones prolongadas en el pleno con el objetivo de retrasar la votación, mientras que legisladores de oposición presionaban para que el proceso avanzara. El resultado final fue interpretado por analistas como un revés político para el oficialismo, que no logró impedir la elección ni reunir los votos necesarios para impulsar un candidato alternativo.
El proceso también estuvo rodeado de controversia y atención internacional. Días antes de la votación, el presidente Bernardo Arévalo advirtió sobre supuestas presiones externas en la elección de magistrados y pidió a los diputados votar sin coacciones ni influencias externas.
En paralelo, el Gobierno informó que solicitó aclaraciones a Washington ante versiones de que se estaba intentando aparentar que la embajada de Estados Unidos apoyaba a determinados candidatos a la Corte de Constitucionalidad, lo que calificó como una situación “irregular y preocupante”.
Por su parte, fuentes diplomáticas han señalado que tanto Estados Unidos como la comunidad internacional siguen de cerca la integración de la Corte de Constitucionalidad, considerada una institución clave para el equilibrio democrático y el Estado de derecho en Guatemala.
En este contexto, la Delegación de la Unión Europea y otras misiones diplomáticas han reiterado en distintas ocasiones la importancia de que los procesos institucionales en Guatemala se desarrollen con respeto al orden constitucional, la transparencia y la independencia judicial.
La nueva integración de la Corte de Constitucionalidad es considerada una de las decisiones institucionales más relevantes del sistema político guatemalteco, ya que este tribunal es el máximo intérprete de la Constitución y sus resoluciones tienen impacto directo en el funcionamiento del Estado y en los conflictos entre poderes públicos.