El gobierno de Donald Trump continúa endureciendo su política migratoria y ahora promueve activamente la “autodeportación” de migrantes en situación irregular mediante incentivos económicos que alcanzan los US$2 mil 600 por persona.
La medida fue impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que incrementó el bono económico anteriormente fijado en US$1 mil como parte de una estrategia orientada a reducir costos operativos de deportación y acelerar salidas voluntarias del país.
La campaña ha comenzado además a difundirse agresivamente en redes sociales y medios dirigidos a comunidades migrantes latinoamericanas, incluyendo mensajes en español y contenido adaptado culturalmente con música regional y referencias latinoamericanas para persuadir a migrantes de abandonar voluntariamente territorio estadounidense.
Según cifras divulgadas por el DHS, desde enero de 2025 más de 2.2 millones de personas habrían salido voluntariamente de Estados Unidos bajo mecanismos de autodeportación. Sin embargo, expertos y centros de análisis migratorio han cuestionado esas cifras y señalan que el gobierno estadounidense no ha presentado datos verificables que respalden completamente esos números.
El programa forma parte de la estrategia migratoria del segundo mandato de Trump, enfocada en aumentar deportaciones, reforzar controles fronterizos y presionar la salida de migrantes irregulares mediante restricciones legales, económicas y administrativas.
Paradójicamente, aunque la Casa Blanca mantiene un discurso de deportaciones masivas, análisis independientes indican que las expulsiones reales todavía se encuentran por debajo de las metas anunciadas públicamente por la administración republicana. Un informe citado por medios internacionales estima que las deportaciones efectivas podrían oscilar entre 310 mil y 350 mil casos, lejos del millón anual prometido por Trump.
La situación genera especial preocupación en Guatemala y Centroamérica debido a la fuerte dependencia económica de remesas enviadas desde Estados Unidos, así como por el elevado número de migrantes guatemaltecos que permanecen en situación migratoria irregular dentro de territorio estadounidense.
El nuevo incentivo económico revive además el debate sobre hasta dónde puede llegar la presión migratoria estadounidense sin provocar mayores tensiones humanitarias y sociales dentro de comunidades migrantes que durante años han construido vida, trabajo y familia en Estados Unidos.