El Senado de Chile aprobó un proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso irregular de extranjeros al país, una medida que contempla penas de cárcel y multas para quienes crucen la frontera por pasos no habilitados. La iniciativa representa uno de los endurecimientos migratorios más fuertes adoptados recientemente en América Latina y forma parte de la política de control fronterizo impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast.
La propuesta fue respaldada por 24 votos a favor y 20 en contra en el Senado chileno, luego de haber sido previamente aprobada en la Cámara de Diputados. El proyecto modifica la Ley de Migración y Extranjería para transformar el ingreso clandestino, que hasta ahora era considerado una falta administrativa, en un delito penal.
Según el texto aprobado, quienes ingresen ilegalmente a territorio chileno podrían enfrentar penas de prisión de entre 61 y 540 días, además de multas económicas equivalentes a entre 5 y 10 Unidades Tributarias Mensuales. La sanción aumenta hasta cinco años de cárcel para personas que intenten entrar nuevamente pese a tener prohibición vigente de ingreso al país. El Gobierno chileno sostiene que la normativa busca actuar como medida disuasiva frente a la creciente presión migratoria en las fronteras del norte, especialmente en pasos cercanos a Perú y Bolivia.
El ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, defendió la iniciativa argumentando que el país enfrenta una “emergencia migratoria” derivada del aumento sostenido de ingresos irregulares durante los últimos años. Desde el oficialismo insistieron en que la propuesta contempla excepciones para menores de edad y solicitantes de refugio, además de mecanismos alternativos para evitar un colapso penitenciario.
Sin embargo, el proyecto provocó fuertes críticas desde sectores de oposición y organizaciones de derechos humanos. Senadores opositores advirtieron que criminalizar el ingreso irregular podría saturar el sistema judicial, retrasar expulsiones y generar conflictos con estándares internacionales sobre derechos migratorios. También surgieron cuestionamientos por el eventual impacto operativo sobre la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas desplegadas en frontera. Parte de la oposición sostiene que la medida crea una “ilusión de control” sin resolver el problema estructural de la migración irregular y el crimen organizado.
El debate migratorio se ha convertido en uno de los principales temas políticos en Chile tras el fuerte incremento de ingresos irregulares registrado en los últimos años, particularmente de ciudadanos venezolanos, bolivianos y colombianos. La crisis fronteriza elevó la presión social y política sobre distintos gobiernos, impulsando medidas cada vez más restrictivas en materia migratoria.
La aprobación del proyecto refleja además un giro regional hacia políticas migratorias más severas, en un contexto donde varios países latinoamericanos enfrentan tensiones crecientes por seguridad fronteriza, crimen transnacional y presión social derivada de los flujos migratorios masivos.