Piden revisar expansión de Raíces tras cuestionamientos por afiliaciones

El crecimiento del comité proformación Raíces, impulsado por el diputado Samuel Pérez en medio de las divisiones internas surgidas alrededor del oficialismo y Movimiento Semilla, comenzó a generar nuevos cuestionamientos políticos luego de que se solicitara formalmente al Tribunal Supremo Electoral información relacionada con el aumento de simpatizantes registrados por la organización.

La controversia comenzó a escalar rápidamente en el ámbito político y electoral, especialmente por la velocidad con la que el comité ha logrado expandirse territorialmente en los últimos meses y consolidarse como una de las estructuras emergentes con mayor crecimiento dentro del escenario partidario.

Según información divulgada públicamente, se presentó una solicitud de acceso a la información ante el Tribunal Supremo Electoral para obtener detalles sobre el proceso de incorporación de simpatizantes y el crecimiento territorial de Raíces. Hasta ahora, la autoridad electoral no ha emitido una respuesta oficial ni ha informado sobre posibles revisiones relacionadas con el caso.

Los señalamientos comenzaron a ganar fuerza después de que circularan fotografías donde presuntamente se observan actividades de entrega de alimentos durante reuniones vinculadas con afiliaciones al comité, una situación que rápidamente fue utilizada por actores opositores para cuestionar la legitimidad del crecimiento de la organización.

Ante las acusaciones, Samuel Pérez negó categóricamente que exista algún tipo de intercambio de alimentos o dinero a cambio de apoyo político y aseguró que la expansión de Raíces responde a un proceso “natural” de incorporación de simpatizantes.

“Ni bolsas de alimentos ni dinero en efectivo”, afirmó el congresista al responder a los cuestionamientos.

El diputado sostuvo además que las imágenes difundidas corresponden a reuniones normales donde algunas personas aparecen comiendo, pero insistió en que “no existe una dinámica transaccional” detrás de las actividades del comité.

“Puede ser que en alguna reunión de adhesiones se vea a personas comiendo, pero no es algo transaccional”, declaró.

La controversia comenzó además a trasladarse directamente al terreno partidario. Sectores vinculados a la Unidad Nacional de la Esperanza expresaron preocupación por la velocidad con la que Raíces logró consolidarse y pidieron al Tribunal Supremo Electoral revisar el proceso de afiliación de la agrupación, mientras actores críticos cuestionaron que Samuel Pérez evitara responder directamente sobre el origen del acelerado crecimiento del comité y optara por trasladar la discusión hacia ataques políticos contra dirigentes opositores.

De acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales, la secretaria general de la UNE, Teresita de León, habría planteado dudas sobre la rapidez con la que el comité consiguió sumar miles de simpatizantes en pocos meses, en un contexto donde Raíces ya se convirtió en la estructura de mayor crecimiento dentro de los procesos recientes de formación política.

Datos publicados recientemente muestran además que la agrupación logró sumar 15 mil 631 adhesiones en menos de tres meses, según cifras del Tribunal Supremo Electoral citadas por medios nacionales.

La velocidad de expansión del comité comenzó a llamar la atención no solo por su alcance territorial, sino también por el contexto político en el que ocurre, tomando en cuenta que distintos sectores surgidos del espacio oficialista buscan reorganizarse de cara a las elecciones generales de 2027.

Aunque Raíces todavía se encuentra en fase de formación, su consolidación ya empezó a despertar preocupación entre adversarios políticos y sectores que exigen mayor transparencia sobre los mecanismos utilizados durante el proceso organizativo.

El caso revive además una discusión histórica dentro de la política guatemalteca relacionada con estructuras clientelares y mecanismos de movilización territorial, particularmente en procesos de afiliación donde durante años distintos partidos han enfrentado cuestionamientos por supuesta entrega de beneficios o asistencia social para fortalecer estructuras políticas.

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