Perú se encamina hacia una segunda vuelta presidencial marcada menos por los candidatos y más por los fantasmas políticos que siguen dominando al país desde hace años. La disputa electoral del próximo 7 de junio enfrentará a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, dos figuras que representan herencias profundamente polarizantes: el legado autoritario de Alberto Fujimori y el movimiento político surgido alrededor de Pedro Castillo.
La elección terminó convirtiéndose en una nueva batalla simbólica entre dos visiones irreconciliables del Perú. Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, volvió a consolidarse como la principal figura de la derecha peruana y llega fortalecida tras abrazar abiertamente la figura de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, condenado por corrupción y violaciones a derechos humanos.
En el otro lado aparece Roberto Sánchez, exministro y actual congresista, quien construyó su candidatura como heredero político de Pedro Castillo, el expresidente encarcelado tras intentar un autogolpe de Estado en diciembre de 2022. Sánchez incluso prometió públicamente indultar a Castillo si llega a la presidencia, una postura que le permitió consolidar apoyo en sectores rurales y andinos históricamente marginados del poder político limeño.
La polarización vuelve así a partir geográficamente y socialmente al país. Mientras Keiko Fujimori mantiene fortaleza en Lima y sectores urbanos vinculados a estabilidad económica y seguridad, Sánchez concentra respaldo en zonas rurales, especialmente en el sur andino y regiones donde el voto castillista continúa teniendo fuerte arraigo.
El proceso electoral además ha estado rodeado por tensión e incertidumbre. La Oficina Nacional de Procesos Electorales tardó semanas en completar el conteo oficial debido a problemas logísticos e impugnaciones, mientras sectores de derecha impulsaron denuncias de fraude sin presentar pruebas concluyentes.
La narrativa del fraude volvió a reaparecer con fuerza en el escenario peruano, especialmente desde sectores cercanos al ultraderechista Rafael López Aliaga, quien quedó fuera de la segunda vuelta por un margen estrecho y denunció supuestas irregularidades en el conteo.
La elección ocurre además en medio de una de las etapas más inestables de la historia reciente peruana. Desde 2016, el país ha acumulado destituciones presidenciales, intentos de vacancia, protestas masivas y una fragmentación política permanente que debilitó profundamente la confianza institucional.
El gran dilema para millones de peruanos es que ambos bloques cargan con fuertes niveles de rechazo y desconfianza. El antifujimorismo sigue recordando corrupción, autoritarismo y violaciones de derechos humanos durante los años noventa, mientras sectores críticos del castillismo asocian el legado de Pedro Castillo con improvisación, confrontación institucional y el fallido intento de disolver el Congreso en 2022.
Las encuestas muestran actualmente un escenario extremadamente cerrado. Un sondeo de Ipsos citado por El País coloca a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatados técnicamente con 38 % de intención de voto cada uno, mientras el voto blanco y los indecisos podrían terminar siendo decisivos en la segunda vuelta.
Más que una simple elección presidencial, Perú enfrenta nuevamente un referéndum emocional sobre su propia historia reciente, atrapado entre dos liderazgos que continúan definiendo la política nacional incluso desde la cárcel y después de la muerte.