El Gobierno de Estados Unidos lanzó una de las ofensivas judiciales más contundentes contra la clase política mexicana al acusar formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, de colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
La acusación, presentada por el Departamento de Justicia y respaldada por la DEA, sostiene que los implicados habrían establecido un esquema de protección institucional al narcotráfico a cambio de sobornos millonarios y apoyo político, incluyendo presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El caso no se limita a una figura aislada. Entre los señalados figuran un senador, autoridades municipales y mandos de seguridad, lo que configura una red de poder político presuntamente infiltrada por el crimen organizado, en lo que Washington describe como el golpe más fuerte contra la narcopolítica mexicana en años recientes.
Las imputaciones incluyen delitos de conspiración para importar narcóticos, uso de armas y protección de operaciones criminales, con acusaciones de que funcionarios habrían facilitado violencia, secuestros y asesinatos para garantizar el funcionamiento del cartel.
Estados Unidos solicitó además la detención y extradición de los acusados; sin embargo, el Gobierno mexicano respondió que no ha recibido pruebas suficientes que sustenten las acusaciones, lo que abre un frente jurídico y diplomático de alta tensión entre ambos países.
El gobernador Rocha Moya rechazó los señalamientos y los calificó como ataques políticos sin fundamento, mientras que su partido, Morena, cerró filas en su defensa, en contraste con la oposición que exige su renuncia y plantea medidas excepcionales en el Estado de Sinaloa.
El caso impacta en un momento delicado para la relación bilateral, ya marcada por fricciones en materia de seguridad, y coloca en el centro del debate el alcance real de la infiltración del narcotráfico en estructuras de poder, una problemática que trasciende lo judicial y entra de lleno en la estabilidad institucional del país.