El atentado con explosivos registrado en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, elevó su saldo a 20 víctimas mortales y 36 personas heridas, según confirmaron autoridades tras la actualización de los reportes oficiales. El hecho se suma a la escalada de violencia que atraviesa Colombia en regiones marcadas por la presencia de grupos armados ilegales.
El ataque ocurrió en la Vía Panamericana, en el suroccidente del país, uno de los corredores más importantes, cuando un artefacto explosivo impactó vehículos de transporte, causando destrucción inmediata y múltiples víctimas, en un hecho que generó conmoción a nivel nacional.
Entre las víctimas fatales se encuentra Patricia Mosquera, líder afrodescendiente del Cauca, cuyo asesinato la convierte en la activista número 48 en ser asesinada en Colombia en lo que va de 2026, un dato que agrava la dimensión del atentado más allá de su impacto inmediato.
La magnitud del hecho obligó a una respuesta técnica especializada. Equipos de Medicina Legal iniciaron el proceso de identificación de los cuerpos y acompañamiento a las familias, en medio de un escenario marcado por la gravedad de las lesiones y la dispersión de víctimas.
Las autoridades atribuyeron el ataque a estructuras armadas ilegales. El atentado fue vinculado a disidencias de las antiguas FARC, particularmente a grupos bajo influencia de alias “Iván Mordisco”, en un contexto de disputa por control territorial, rutas del narcotráfico y economías ilícitas en la región.
El impacto no se limitó a las víctimas fatales. Los 36 heridos incluyen casos de gravedad que continúan bajo atención médica, mientras la infraestructura vial resultó severamente dañada, incluyendo la formación de un cráter que afectó la movilidad en la zona.
El hecho se inscribe en una escalada reciente de violencia. En los días previos se registraron múltiples ataques en Cauca y Valle del Cauca, lo que evidencia un deterioro sostenido de la seguridad en territorios donde convergen actores armados ilegales.
Como respuesta, autoridades locales y nacionales adoptaron medidas inmediatas. Se decretaron jornadas de duelo, restricciones de movilidad y operativos de búsqueda para dar con los responsables, en un intento por contener una situación que continúa en desarrollo.
El resultado es un nuevo episodio que refleja la persistencia del conflicto armado en el país. El atentado no solo dejó 20 muertos, sino que volvió a exponer la vulnerabilidad de la población civil en zonas atravesadas por disputas armadas, en un contexto donde la violencia sigue marcando la dinámica territorial.