El sistema judicial salvadoreño abrió esta semana un proceso sin precedentes al llevar a juicio a 486 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), incluyendo fundadores, cabecillas territoriales y miembros de la llamada ranfla, la estructura de mando de la pandilla. El proceso se desarrolla en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
De acuerdo con la Fiscalía, a los acusados se les atribuyen más de 47 mil delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos unos 29 mil homicidios, además de cargos por feminicidio, extorsión, tráfico de armas y desaparición de personas. El caso incluye también la acusación por el asesinato de 87 personas en marzo de 2022, episodio que marcó el punto de inflexión para la implementación de la política de “mano dura” contra las pandillas.
Las autoridades sostienen que este juicio busca saldar una deuda histórica frente a estructuras criminales que durante décadas ejercieron control territorial, llegando —según cifras oficiales— a dominar hasta el 80% del país junto a su rival Barrio 18. La Fiscalía ha señalado además que los procesados enfrentan cargos por rebelión, al considerar que buscaban establecer un “Estado paralelo”, lo que implica una amenaza directa a la soberanía nacional.
El proceso se desarrolla bajo condiciones excepcionales. Un total de 413 acusados ya se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), mientras que otros 73 están prófugos y son juzgados en ausencia. Las audiencias se realizan de forma virtual para la mayoría de imputados, en un tribunal especializado contra el crimen organizado, conforme a reformas legales aprobadas en 2023 que permiten juicios colectivos por estructuras.
El contexto del juicio está marcado por cifras que reflejan el alcance de la política de seguridad: más de 91 mil personas han sido detenidas desde el inicio del régimen de excepción, aunque el propio gobierno reconoce la liberación de al menos 8 mil por falta de vínculos comprobados. En paralelo, organizaciones de derechos humanos reportan más de 6 mil denuncias por abusos y al menos 488 muertes bajo custodia estatal, lo que introduce un elemento de tensión en torno al equilibrio entre seguridad y garantías fundamentales… en un proceso que redefine el alcance del combate al crimen en la región.