Un grupo de al menos 45 países se prepara para impulsar una salida coordinada de los combustibles fósiles, en una conferencia internacional que se celebrará en Santa Marta, Colombia, del 24 al 29 de abril, en un momento marcado por la crisis energética global y la inestabilidad geopolítica.
El encuentro, liderado por Colombia y Países Bajos, surge como respuesta a un contexto donde la dependencia del petróleo, gas y carbón ha quedado expuesta por el conflicto en Oriente Próximo, que ha tensionado los mercados y evidenciado vulnerabilidades estructurales en el suministro energético.
La cita reúne a economías clave como Alemania, Brasil, Francia, México, Canadá y Australia, bajo la lógica de una “coalición de los dispuestos”, es decir, países que buscan avanzar en la transición energética fuera de los bloqueos que han frenado acuerdos en las cumbres climáticas de Naciones Unidas.
Guatemala figura entre los países que han confirmado su participación, según el Gobierno de Colombia, lo que la integra en este grupo que intenta posicionarse en la agenda global de transición energética, aunque el peso de su rol dependerá del nivel de representación y de los compromisos que esté dispuesto a asumir en materia de política energética.
El eje del debate no es únicamente ambiental, sino estratégico, autoridades anfitrionas han advertido que la dependencia de los combustibles fósiles compromete la soberanía de los países, especialmente en escenarios de conflicto internacional donde el acceso a la energía se convierte en un factor de presión política.
La conferencia no será una cumbre tradicional de jefes de Estado, sino una reunión de alto nivel político-técnico, con participación principal de ministros de ambiente, energía y transición ecológica, además de altos funcionarios, con presencia puntual de algunos líderes, lo que la sitúa en un nivel intermedio entre foro técnico y encuentro presidencial.
Este impulso internacional también se da en contraste con la línea política de la administración de Donald Trump, que ha mantenido una postura favorable a la expansión de la producción de petróleo y gas, así como a la flexibilización de regulaciones ambientales, bajo el argumento de garantizar seguridad energética y competitividad económica, una visión que prioriza el aprovechamiento de recursos fósiles frente a transiciones aceleradas.
Ese contraste refleja una fractura más amplia en la política global, donde mientras un bloque de países impulsa la reducción progresiva de los combustibles fósiles, otros actores clave continúan apostando por su uso como pilar estratégico, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados energéticos.