Una manifestación se desarrolló este martes frente al Teatro Nacional, en la Ciudad de Guatemala, donde se llevó a cabo la toma de posesión de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), en una jornada marcada por la presión ciudadana para que el tribunal resuelva acciones vinculadas a la crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Los manifestantes, integrados por estudiantes, docentes y sectores sociales, exigieron a la nueva magistratura dar trámite y resolver los amparos presentados contra el proceso que llevó a la reelección del rector Walter Mazariegos, señalando presuntas irregularidades en dicho procedimiento.
Durante la protesta, los participantes utilizaron pancartas, micrófonos y equipo de sonido para visibilizar sus demandas, con consignas que apuntaban directamente a la legitimidad del proceso universitario y al papel de la CC como garante del orden constitucional. Entre los mensajes se leía: “no al fraude” y “resuelvan en forma legal y justa”, en referencia a las acciones legales pendientes.
El contexto de la manifestación está directamente ligado a la elección del pasado 8 de abril, cuando Mazariegos fue reelecto en una votación realizada a puerta cerrada en Antigua Guatemala, proceso que estuvo acompañado de protestas y cuestionamientos por exclusión de cuerpos electorales y falta de transparencia.
Uno de los participantes, el académico Rodolfo Chang, advirtió que el caso trasciende lo universitario, al señalar que la Usac tiene incidencia directa en la integración de instancias clave del sistema de justicia, lo que eleva el impacto de cualquier decisión que adopte la Corte de Constitucionalidad en los próximos días.
La protesta coincidió con el inicio de funciones de la nueva magistratura de la CC para el período 2026-2031, lo que añade presión sobre los magistrados entrantes, quienes enfrentan su primera gran prueba institucional en un caso de alto impacto político y jurídico.
La movilización evidencia que la crisis en la Usac continúa trasladándose al plano constitucional, donde las resoluciones de la CC serán determinantes para definir la legalidad del proceso y el rumbo de una de las instituciones más influyentes del país.