El Gobierno español aprobó este martes una regularización extraordinaria que permitirá a cerca de 500.000 inmigrantes en situación irregular acceder a permisos de residencia y trabajo, en una de las decisiones migratorias más relevantes de las últimas dos décadas y considerada por el Ejecutivo como uno de los hitos de la legislatura.
La medida, una de las más controvertidas del Gobierno de Pedro Sánchez, permitirá a los beneficiarios integrarse legalmente al mercado laboral y al sistema fiscal y social, con derechos y obligaciones similares a los de otros residentes. El proceso podrá iniciarse de forma telemática y también de manera presencial desde el 20 del mismo mes
Entre los requisitos principales, los solicitantes deberán demostrar residencia previa en España, carecer de antecedentes penales y acreditar vínculos laborales, familiares o situaciones de vulnerabilidad, según los criterios adelantados por el Ejecutivo y detallados en la implementación del proceso.
El anuncio llega además en un contexto europeo marcado por políticas migratorias más restrictivas, lo que sitúa a España en una posición distinta al apostar por la integración de migrantes que ya residen en el país y que forman parte de la realidad social y económica actual.
La regularización, con impacto político y social inmediato, abre ahora un nuevo escenario migratorio en España, mientras el Gobierno se prepara para gestionar el alto volumen de solicitudes y la oposición anticipa una batalla política y judicial.