El Ministerio Público (MP) requirió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un informe sobre la situación de los funcionarios electos por el Movimiento Semilla, luego de la cancelación del partido político, en una acción que reaviva la tensión institucional y política en Guatemala.
Según la solicitud, los fiscales otorgaron un plazo de cuatro horas al TSE para detallar la adjudicación de cargos, que incluyen al presidente, la vicepresidenta, 23 diputados y un alcalde electos bajo la bandera de Semilla, tras la cancelación de la agrupación política.
El requerimiento del Ministerio Público al Tribunal Supremo Electoral abre un nuevo frente institucional, ya que la solicitud busca aclarar —o eventualmente cuestionar— la situación legal de los funcionarios electos por el Movimiento Semilla tras la cancelación del partido, un escenario que introduce implicaciones tanto políticas como jurídicas en medio de la actual tensión institucional.
También, surge en un momento particularmente delicado para el oficialismo, marcado por divisiones internas entre el grupo vinculado a Movimiento Semilla y la facción Raíces, que han quedado en evidencia en recientes votaciones y debates en el Congreso.
De acuerdo con análisis recientes, la tensión se evidenció cuando el grupo encabezado por Samuel Pérez, vinculado a Raíces, impulsó una iniciativa para intervenir la Universidad de San Carlos, mientras el rechazo surgió desde el propio oficialismo liderado por José Carlos Sanabria, dejando al descubierto la fractura interna dentro del bloque que respalda al Gobierno.
Esta división ocurre en un contexto aún más complejo tras la cancelación del partido Semilla, que ha obligado a los diputados oficialistas a reconfigurar su estrategia política, mientras algunos sectores impulsan nuevas estructuras políticas y otros buscan mantener la cohesión del oficialismo.
El requerimiento del MP introduce así un nuevo elemento de presión institucional, en medio de un escenario donde la cancelación de Semilla, la fractura interna del oficialismo y las decisiones judiciales continúan marcando el rumbo político del país.