El Gobierno efectuó la primera colocación de Bonos del Tesoro del 2026 por Q1 mil 500 millones, como parte de la estrategia de financiamiento del presupuesto vigente y del manejo de la deuda pública durante el presente ejercicio fiscal, informó el Ministerio de Finanzas Públicas.
La adjudicación se realizó el 26 de marzo y registró una demanda total de Q2 mil 911 millones, cifra que superó ampliamente el monto finalmente colocado, lo que refleja el interés del mercado por los instrumentos de deuda del Estado. Del total adjudicado, Q375 millones corresponden a bonos con vencimiento en septiembre de 2038 y Q1 mil 125 millones con vencimiento en noviembre de 2046, con tasas cercanas al 6%, según los resultados oficiales.
La operación forma parte del monto autorizado para el ejercicio fiscal 2026, que asciende a Q24 mil 098.9 millones en Bonos del Tesoro, recursos destinados a financiar el presupuesto vigente, que contempla gasto en funcionamiento, inversión pública y compromisos financieros del Estado.
Aunque Guatemala mantiene uno de los niveles de endeudamiento más bajos de América Latina, analistas advierten que preocupa la velocidad con la que la deuda ha venido creciendo. Según datos del Ministerio de Finanzas Públicas y del Banco de Guatemala, la deuda pública ronda actualmente el 29% al 30% del PIB, un nivel inferior al promedio regional, que supera el 60%. Sin embargo, el saldo total ha aumentado de manera sostenida en los últimos años, pasando de aproximadamente Q160 mil millones en 2019 a más de Q260 mil millones en 2025, lo que ha encendido alertas sobre el ritmo de expansión del endeudamiento.
Especialistas señalan que el país aún cuenta con margen fiscal para emitir deuda, pero advierten que el crecimiento acelerado podría presionar las finanzas públicas a mediano plazo, especialmente por el aumento en el pago de intereses y amortizaciones, que ya representan una proporción creciente del presupuesto.
La colocación también se produce en un contexto político sensible, ya que el incremento del endeudamiento comienza a darse en vísperas del ciclo electoral general, lo que históricamente ha generado mayor escrutinio sobre el uso de recursos públicos, la ejecución del gasto y la sostenibilidad de las finanzas estatales.