El Ministerio Público (MP) solicitó al nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) que investigue supuestas irregularidades durante las elecciones generales de 2023, reactivando una controversia que ha marcado el escenario político desde la victoria presidencial de Bernardo Arévalo.
La fiscal Leonor Morales explicó que la investigación se originó en una denuncia presentada en 2022 sobre posibles irregularidades en la conformación del partido Movimiento Semilla, específicamente por firmas presuntamente falsas en hojas de adhesión utilizadas para su inscripción. Según el MP, la investigación detectó 8 mil 121 inconsistencias, entre ellas personas fallecidas, datos inexistentes, firmas duplicadas y ciudadanos que afirmaron no haberse afiliado al partido.
A partir de esa denuncia inicial, el MP amplió las pesquisas a tres líneas de investigación, que incluyen la conformación del partido, el financiamiento electoral y el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP). Dentro de este último, el MP ha señalado mil 151 actas que habrían sido cargadas antes del cierre de las urnas, lo que, según el ente investigador, amerita revisión por parte de las nuevas autoridades electorales.
Morales aseguró además que “el TSE le dio la razón al Ministerio Público”, al referirse a resoluciones previas que permitieron avanzar en las investigaciones y a decisiones relacionadas con la cancelación del partido, lo que, según el MP, refuerza la necesidad de que el nuevo tribunal conozca el caso.
El caso también involucra al diputado Samuel Pérez, quien fue secretario general del partido durante su proceso de inscripción. Pérez calificó la conferencia del MP como “desesperada” y afirmó que, tras más de dos años de investigación, no se han presentado pruebas concluyentes. También advirtió que el objetivo podría ser cuestionar o anular los resultados electorales de 2023, lo que consideró un escenario improcedente.
La solicitud del MP ocurre en un momento políticamente sensible, tras la cancelación del Movimiento Semilla y la llegada de nuevas autoridades al TSE, que ahora deberán decidir si revisan o no el proceso electoral.
El nuevo episodio reabre así una de las disputas institucionales más relevantes de los últimos años, que enfrenta al Ministerio Público con sectores políticos y que continúa marcando el escenario político desde las elecciones de 2023.