Dos fiscales federales de Estados Unidos abrieron investigaciones preliminares sobre el presidente colombiano Gustavo Petro, en un caso que introduce un nuevo foco de tensión política y diplomática en la región.
Las indagaciones están a cargo de oficinas en Manhattan y Brooklyn, y se encuentran en una fase inicial. El objetivo es determinar si Petro tuvo contactos con narcotraficantes o si su campaña presidencial recibió financiamiento ilícito, según revelaciones basadas en fuentes cercanas al proceso.
Parte de la investigación incluye interrogatorios a narcotraficantes, así como el análisis de posibles reuniones y gestiones realizadas por intermediarios, incluso con señalamientos sobre eventuales ofrecimientos para evitar extradiciones a cambio de pagos.
Por ahora, no está claro si el mandatario colombiano es un objetivo directo del caso ni si las pesquisas derivarán en cargos formales. Las autoridades estadounidenses tampoco han confirmado públicamente detalles del proceso, y la Casa Blanca no aparece vinculada directamente al inicio de las investigaciones.
En ese mismo contexto, se ha conocido que a Petro le fue restituido el visado estadounidense, un movimiento que algunos interpretan como señal de que, al menos a nivel institucional, no existe una ruptura formal en la relación bilateral mientras las pesquisas avanzan.
El presidente colombiano ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con el narcotráfico y ha atribuido estos señalamientos a presiones políticas, en un escenario donde la relación con Washington ha mostrado tensiones en temas clave.
El momento no es menor. Las investigaciones surgen en un entorno político sensible, con Colombia en ruta hacia procesos electorales, lo que abre interrogantes sobre el impacto que este caso podría tener tanto en el plano interno como en el internacional.