El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la Universidad de Harvard al acusarla de no proteger adecuadamente a estudiantes judíos e israelíes frente a acoso y discriminación en el campus.
La acción legal, impulsada por la administración de Donald Trump, sostiene que la universidad habría mostrado “indiferencia deliberada” ante incidentes de antisemitismo, especialmente en el contexto de protestas relacionadas con el conflicto en Gaza.
Según la demanda, algunos estudiantes habrían sido hostigados, excluidos de espacios universitarios o forzados a modificar su conducta por motivos de seguridad, lo que podría constituir una violación a leyes federales de derechos civiles.
El Gobierno busca no solo frenar estas prácticas, sino también recuperar miles de millones de dólares en fondos federales otorgados a la universidad, elevando el conflicto a una dimensión económica y política mayor.
El caso forma parte de una ofensiva más amplia de la actual administración contra universidades de élite, a las que acusa de tolerar entornos ideológicos adversos y fallar en garantizar la seguridad de ciertos grupos, en medio de tensiones crecientes tras las protestas estudiantiles de los últimos años.
Críticos, sin embargo, advierten que el uso del antisemitismo como argumento podría estar vinculado a una agenda política más amplia para presionar al sistema universitario y redefinir su funcionamiento, lo que ha abierto un nuevo frente de debate sobre libertad académica y control estatal.
Harvard, por ahora, no ha emitido una respuesta oficial, mientras el caso avanza en tribunales y se perfila como uno de los choques más significativos entre el Gobierno federal y la educación superior en Estados Unidos.