Una propuesta de ley avanza en el Congreso con la promesa de reducir el peso del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), en medio de un descontento creciente entre propietarios que aseguran pagar más de lo que reciben.
El planteamiento es bajar la tasa actual de nueve por millar a tres por millar, un recorte significativo que, según sus impulsores, busca corregir lo que consideran una carga desproporcionada sobre quienes adquieren vivienda, especialmente mediante financiamiento.
Pero la reforma no se queda en la tasa. También abre la puerta a exoneraciones específicas, dirigidas a sectores que históricamente han resentido el impuesto. Entre ellos figuran personas mayores de 60 años en su vivienda principal, así como quienes compran casa con crédito, que podrían quedar exentos durante el plazo del financiamiento.
Incluso se contempla un reconocimiento a la permanencia en el sistema. Contribuyentes con más de 20 años pagando el impuesto podrían acceder a beneficios, en un intento por introducir criterios de equidad en la recaudación.
El trasfondo de la iniciativa revela más que números. Surge de una percepción extendida: el impuesto no se traduce en mejoras visibles en servicios municipales, como agua, infraestructura o transporte, lo que ha erosionado su legitimidad entre los contribuyentes.
Sin embargo, el ajuste no está exento de tensiones. El IUSI representa una de las principales fuentes de ingresos para las municipalidades, por lo que una reducción podría impactar la recaudación en el corto plazo, aunque sus promotores sostienen que una tasa más baja incentivaría la formalidad y ampliaría la base tributaria con el tiempo.
La propuesta ya dio un primer paso con dictamen favorable, pero aún deberá pasar por el pleno del Congreso, donde podría modificarse.
En el fondo, el debate va más allá del impuesto. Se trata de redefinir la relación entre lo que se paga y lo que se recibe, en un sistema donde la presión fiscal y la calidad de los servicios siguen sin encontrarse en equilibrio.