La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) adjudicó Q290 millones en proyectos carreteros bajo la modalidad de emergencia, un mecanismo que, aunque legal, evita los procesos de licitación abierta y reduce la competencia entre empresas.
La figura de “emergencia”, contemplada en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, permite acelerar contrataciones mediante invitaciones directas a un grupo limitado de oferentes, dejando fuera a otros posibles participantes y concentrando la adjudicación en pocos actores.
Aunque las autoridades justifican el uso de este esquema por la necesidad de atender tramos en riesgo y responder con rapidez, el recurso recurrente a esta modalidad plantea dudas: lo excepcional empieza a volverse regla.
El problema no es solo de forma, sino de fondo. Al restringir la competencia, se reduce la transparencia, se limita la posibilidad de obtener mejores precios y se abre espacio a decisiones discrecionales en el uso de fondos públicos.
Además, el uso reiterado de este mecanismo ocurre en un sector históricamente sensible, donde las contrataciones viales han estado vinculadas a cuestionamientos por opacidad y posibles conflictos de interés.
Si bien la ley exige informes técnicos que respalden la urgencia, la falta de procesos abiertos deja una pregunta clave: ¿se está priorizando la rapidez sobre la rendición de cuentas?
El caso vuelve a evidenciar una tendencia preocupante: la ejecución de obra pública millonaria bajo esquemas excepcionales que, aunque legales, debilitan los controles y la confianza en la gestión estatal.