El Congreso de la República aprobó la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031, dando paso a la conformación del máximo tribunal constitucional del país.
La decisión legislativa formaliza la designación del magistrado titular y suplente que corresponde al Congreso dentro de una estructura en la que participan cinco instituciones del Estado, encargadas de nombrar a los integrantes del tribunal.
Con esta aprobación, se completa el proceso de integración de la CC, que estará conformada por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, quienes asumirán funciones en abril de 2026.
El siguiente paso será la oficialización del decreto: una vez sea publicado por el Ejecutivo en el Diario Oficial, el Congreso programará la sesión solemne de toma de posesión, prevista para el jueves 26 de marzo, acto que marcará el inicio formal del nuevo periodo constitucional.
Sin embargo, la integración no está exenta de controversia. El proceso avanza en paralelo a acciones legales que buscan frenar algunos nombramientos, lo que podría impactar el desarrollo normal de la transición.
El abogado Marco Vinicio Mejía presentó un amparo contra las designaciones de Julia Rivera Aguilar y José Aguirre Pumay, electos por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuestionando el proceso que los llevó al cargo.
A esto se suma otra acción promovida por los abogados Diego Sagastume Vidaurre y Ricardo Sagastume Morales, quienes buscan dejar sin efecto la juramentación y toma de posesión de Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, magistrada titular designada por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Estas impugnaciones introducen un factor de incertidumbre, ya que si los amparos son admitidos o se otorgan medidas provisionales, podrían retrasar o modificar la integración plena de la Corte, trasladando parte del proceso al ámbito judicial.
La renovación del tribunal se da en un contexto de alta sensibilidad institucional, donde la legitimidad de las designaciones y el respeto al orden constitucional se mantienen bajo escrutinio público.